Cumplir los objetivos de la Ley de Reducción de la Inflación implica replantear la demanda de minerales

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Daniel Gajardo

El mes pasado, el Congreso de Estados Unidos aprobó finalmente una legislación significativa sobre el cambio climático, después de que un acuerdo sorpresa entre los demócratas diera lugar a la Ley de Reducción de la Inflación. La medida destina casi 370.000 millones de dólares a la energía limpia, la eficiencia, los vehículos eléctricos (VE), la eliminación del carbono, la justicia medioambiental y la protección de la naturaleza, así como a inversiones en sanidad, reformas fiscales y reducción del déficit público.

Es uno de los mayores avances climáticos de los últimos años y, aunque la ley dista mucho de ser perfecta, constituye un cambio histórico para Estados Unidos. También es una lección de comunicación: tras los fracasos anteriores en el Congreso, su renovación para luchar contra la inflación ha demostrado que el cambio climático no solo tiene que ver con el medioambiente, sino también con el empleo y la reducción de los precios de la energía.

Dada la situación actual del negocio de minerales clave como el cobre, el hierro, el litio, el aluminio y las tierras raras, así como la perspectiva de nuevos cuellos de botella, la Ley de Reducción de la Inflación podría quedarse corta para alcanzar sus objetivos. La ardua tarea de aplicar su paquete de políticas también se hace evidente tras considerar las restricciones geopolíticas de la ley y el accidentado historial de la minería en materia de justicia medioambiental y social.

Sin embargo, estas cuestiones crean oportunidades para repensar la forma en que abordamos los minerales en nuestra economía, para redefinir cómo los gestionamos y para debatir cómo las políticas pueden hacer que el aumento de la minería sea innecesario en primer lugar.

La minería, un arma de doble filo

El hecho incómodo es que las tecnologías con bajas emisiones de carbono hacen un uso intensivo de los minerales, lo que presiona a la industria minera cuando el mundo busca la transición hacia el abandono de los combustibles fósiles. Una turbina eólica terrestre, por ejemplo, utiliza cuatro veces más peso de minerales por megavatio de capacidad que una central eléctrica de carbón, lo que supone una contrapartida por su producción limpia y libre de fósiles una vez que está en funcionamiento.

El Banco Mundial prevé que para 2050 la demanda anual de minerales en el mundo se triplicará, y podría aumentar aún más si los objetivos climáticos son más ambiciosos. Sin embargo, la minería es un negocio lento, con nuevas minas en Estados Unidos que tardan entre siete y diez años en ponerse en marcha. Los propios representantes de la industria han expresado su incertidumbre sobre si serán capaces de satisfacer la demanda. Por lo tanto, confiar en el aumento de la producción de minerales podría no ser suficiente.

La Ley de Reducción de la Inflación no solo aumenta la demanda de minerales por parte de Estados Unidos, sino que es muy clara a la hora de permitir que solo ciertos países los proporcionen, ilustrando una vez más cómo el clima y la geopolítica están estrechamente relacionados. En concreto, los célebres créditos fiscales para vehículos eléctricos solo son aplicables si un porcentaje de los minerales de las baterías se obtienen o se procesan en Estados Unidos o en uno de sus socios del acuerdo de libre comercio, y los umbrales también se hacen más estrictos con el tiempo. Esta combinación de consideraciones comerciales y geopolíticas excluye importantes reservas de los créditos fiscales, como el níquel de Indonesia y el litio de Argentina.