Cuando se anunciaba por los medios de comunicación que en horas de la noche del día 3 de mayo de 2012, el Presidente Morales daría un mensaje al país, luego de haber transcurrido el día con mayor violencia, enfrentamiento, bloqueos y nuevas amenazas de movilización por parte de los profesionales y trabajadores además de de Universitarios de la salud, el anuncio de la COB del paro de 72 horas para la semana que vivimos, el paro de los transportistas por evitar el ordenamiento vehicular en la ciudad de La Paz, -que más bien parece ser una antesala a la subida de los pasajes en todo el país.
El anuncio de la subida del precio del pan, que será un duro golpe a los bolsillos de la población, la declaratoria de huelga general indefinida con movilización por parte del sistema universitario público en apoyo en parte a las médicos y sus propias reivindicaciones autonomistas, el avance de la marcha de los indígenas por la defensa del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis), que cuentan cada día con el respaldo de la población, las contramarchas y nuevas amenazas de defensa a Evo y al “proceso de cambio” por sectores allegados y prebéndales del MAS, las provocaciones de campesinos cocaleros contra la marcha de indígenas y originarios expresados en la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob) y el Consejo Nacional de los Ayllus y Markas del Quillasuyu (Conamaq), las amenazas de otros campesinos que dicen que no permitirán que los médicos que acataron la huelga lleguen a sus comunidades (que no es otra cosa que veto al derecho al trabajo y penalización de la protesta).
El paro contundente de los choferes en las principales ciudades del país, y las amenazas de ser respondido por sectores de vecinos, esa infinidad de conflictos configuran un escenario complejo de posiciones yuxtapuestas sin visibilización de una salida, con endurecimiento de las posiciones y la ausencia de iniciativas para una salida, aunque el primer paso debe ser dado por el Ejecutivo que tiene el control de los órganos y pretende controlar a las organizaciones sociales; nos encontramos con un corto y desilusionante mensaje del primer mandatario del Estado, pero aún más decepcionante es, cuando el Presidente solo de palabra suspende la aplicación del Decreto Supremo 1126 hasta “la cumbre de la salud pública”.
Inmediatamente nace la interrogante ¿La palabra del primer Jefe de Estado por sí misma y en democracia puede suspender una norma jurídica vigente como es el D.S. 1126? Para responder me aproximaré a la vigencia de la ley y de los decretos supremos (una forma jerárquicamente inferior de una Ley). De manera común podemos definir a la ley como la norma jurídica que regula los actos y relaciones humanas…, para la convivencia social, se caracteriza por ser obligatoria y coercitiva y en este marco dentro de las competencias del Presidente se halla la de: “Dictar Decretos Supremos y Resoluciones” (Art. 172.8 Constitución Política del Estado) y el Art. 164 de la C.P.E. señala a propósito de su publicación que “La ley será de cumplimiento obligatorio desde el día de su publicación…en la Gaceta Oficial”.
Es decir nos hallamos frente a una situación particular emitida por el Presidente Evo Morales, es suficiente la palabra para suspender un decreto supremo o necesariamente este tiene que ser publicado como una nueva norma jurídica en la Gaceta Oficial de Bolivia, para lograr el respeto del Estado de Derecho, entendido como el gobierno de las leyes y no de los hombres, obliga a que, cualquier decisión jurídica en el ámbito de la competencia del Presidente sea publicada en la Gaceta Oficial para su validez, entre tanto solo son palabras para desinflar la alta conflictividad a la que está conduciendo el Ejecutivo, aunque no logró el propósito buscado, sino que fortaleció la lucha de los médicos, para que de manera inmediata el Ministro de la Presidencia salga a la luz pública para sostener que “sólo la cumbre social será quien autorice la derogatoria del D.S. 1126”, es decir pretender legitimar con el enfrentamiento la postura del Gobierno, enfrentando la posición de los sectores de salud, la COB y la Universidad Boliviana.
Lo lamentable es que la Ley 1126 impugnada en las calles y ante Tribunales de Justicia, continúa vigente que luego de haber oído al Presidente Morales en su discurso, No resuelve el conflicto, sino dando un paso atrás, que no debe ser entendida como derrota, sino como racionalidad de las posturas, reconociendo que se equivocó, derogando el ilegitimo D.S. 1126, pero no de palabra sino respetando el procedimiento constitucional, publicando la derogatoria del D.S. 1126.
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