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Jueves 22 de septiembre de 2022

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Jueves 22 de septiembre de 2022
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Editorial y opiniones

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A delinquir

22 sep 2022

Por: Juan José Toro Montoya

El artículo 130 del Código Penal boliviano dice que â??el que instigare públicamente a la comisión de un delito determinado, será sancionado con reclusión de un mes a un añoâ?.

¿Y qué es instigar? El Diccionario de la Lengua Española señala que así se llama el â??inducir a alguien a una acción, generalmente considerada como negativaâ?. Pero los diccionarios jurídicos son más específicos al señalar que instigación â??constituye una forma de la participación criminal, consistente en inducir directamente a otra persona a la realización del delito de que se trateâ?. En otras palabras, es tan culpable el que cometió un delito como el que lo indujo a cometerlo.

Pues bienâ?¦ cada vez que un fiscal â??y, en menor medida, un juezâ?? le piden o, peor, le ordenan a un periodista que diga quién le proporcionó la información que él publicó, están incurriendo en el delito tipificado como â??instigación pública a delinquirâ?.

¿Y cuál es el delito al que se induce con pedidos de esa naturaleza? En la legislación sobre periodismo se denomina revelación de la fuente; es decir, dar a conocer el o los nombres de las personas que le dieron información sobre ciertos hechos, y hasta le filtraron documentos.

En esta legislación existe el secreto de imprenta: las fuentes, los documentos, las grabaciones y todo material generado por un hecho noticioso están bajo reserva y no se debe revelarlas bajo ninguna circunstancia.

La Ley de Imprenta señala, en su artículo 8 que â??el secreto en materia de imprenta es inviolableâ?, así que los periodistas están obligados a mantenerlo en reserva.

Cuando un fiscal ordena, mediante un requerimiento, que se identifique a las personas que proporcionaron información incluida en publicaciones periodísticas, lo que está haciendo es inducir a que se viole el artículo 8 antes referido; o sea, está motivando a cometer un delito.

Más aún, el artículo 9 dice que â??el editor o impresor que revela a una autoridad política o a un particular el secreto del anónimo, sin requerimiento del juez competente, es responsable, como delincuente, contra la fe pública, conforme al Código Penalâ?. Como se ve, la revelación del secreto de imprenta es un delito porque convierte en delincuente a quien lo hace.

Lo que sorprende es que, pese a la claridad de estos artículos, hay fiscales y jueces que siguen insistiendo en que se levante el secreto de imprenta y no falta alguno tan imbécil que hasta amenaza con hacer detener al periodista que se niegue a hacerlo.

La pregunta para el fiscal general del Estado es ¿hasta cuándo permitiremos que haya fiscales que nos instiguen públicamente a delinquir? ¿acaso no están cometiendo ellos un delito al hacerlo? Si alguien comete un delito, debe ser denunciado y eso es lo que tendría que pasar con los jueces y fiscales que instigan a cometer el delito de violar el secreto en materia de imprenta.

Es Premio Nacional en Historia del Periodismo

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