Lunes 29 de agosto de 2022
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Con el mismo epígrafe escribí una columna sobre la necesidad impostergable de una reforma disruptiva pues es insostenible la presión de la población que exige una reforma de la justicia con esa impronta. Hice hincapié en que toda reforma propiamente dicha debe ser entendida como una mejora sensible en un rasgo social particular, en este caso la justicia y sus operadores, más bien en un aspecto funcional, es decir un cambio radical con ruptura brusca de la rutina que ocasiona un cambio determinante.
Intentaba convencer no sólo persuadir pues este vocablo no tiene la misma intensidad semántica que el primero, que, para lograr este ansiado objetivo se debe comenzar por la base, formando una nueva generación de operadores judiciales y, para asumir el sensible cargo de impartir justicia, deben superar satisfactoriamente exigencias invariables y drásticas en el rendimiento personal, es decir, académico, arte de saber hacer y la disposición incólume de no contaminarse con la corrupción.
Ahora sorprende hasta la decepción leer en la prensa que el Ministerio de Justicia anuncia como próximo paso la titularización de casi 500 jueces sin que se haya acometido una real reforma que comience desde la base.
