IX Marcha afinó demandas para entregarlas al Gobierno
12 may 2012
Fuente: Redacción Central, 11 (ANF).-
La dirigencia de la IX Marcha Indígena en defensa del Territorio Indígena del Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis) afinó la plataforma de demandas, de nueve puntos, que será entregada al Gobierno nacional cuando lleguen a La Paz.
El presidente de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob), Adolfo Chávez expresó que uno de los principales puntos es la anulación de la ley 222 de consulta previa para la construcción del tramo II de la carretera Villa Tunari San Ignacio de Moxos.
“(Se exige además) el retiro de todos los asentamientos, ocupaciones ilegales y las plantaciones ilegales de coca, el retiro inmediato y no ingreso de barcos militares. El inicio del diálogo pasa por la intensión que tiene que anular la ley 222, abre lo que decimos el candado que el mismo Gobierno ha puesto, creo que la columna de la marcha es clara”, manifestó el dirigente indígena a la prensa.
En el primer punto, además de la Abrogación de la Ley 222, se exige el cumplimiento de las normas y regulaciones sobre Áreas Protegidas, el convenio de Coadministración del Tipnis, la realización de un proceso administrativo para la construcción del tramo III, que atraviesa el Territorio Indígena Multiétnico (TIM – I) de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos.26
El cumplimiento de los compromisos asumidos por el Gobierno en mayo de 2010 y octubre de 2011, con relación al Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Aguarague; así como los avances y acuerdos suscritos en octubre de 2011 entre el gobierno y la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG), la inmediata aprobación del Decreto Supremo para la transferencia del 0,5 % para el financiamiento del monitoreo socio ambiental en todos los territorios de las naciones y pueblos indígenas originarios.
El documento exige también, el reconocimiento de los pueblos y naciones indígenas originarias, la titulación inmediata de todos los procesos de saneamiento de TCO’s en actual trámite a favor de naciones, pueblos y comunidades indígenas originarias, y garantizar los recursos suficientes a cargo del Tesoro General de la Nación (TGN) para la ejecución.
Asimismo, se demanda el cumplimiento de los derechos al medio ambiente, a la biodiversidad y a los ecosistemas, en el marco del respeto y la defensa de la Madre Tierra, la administración y manejo directo de las Áreas Protegidas por parte de las organizaciones de las naciones y pueblos indígenas originarios, de acuerdo a la Constitución Política del Estado, la aplicación de normas y regulaciones técnicas vigentes para la implementación de proyectos extractivos y desarrollo sostenible, susceptibles de afectar a territorios y comunidades indígenas originarios.
En otro punto se demanda el cumplimiento de los acuerdos de la VIII Marcha Indígena Originaria, el encarcelamiento y prisión en Chonchocoro a los responsables y autores materiales e intelectuales del atropello y la represión brutal del 25 de septiembre de 2011 en Limoncito, Chaparina y San Lorenzo (Yucumo), y durante las movilizaciones en defensa de los derechos de las naciones y pueblos indígenas originarios. El resarcimiento y satisfacción pública por parte del Gobierno a hombres, mujeres, niños y adultos mayores indígenas y urbanos, reprimidos en la movilización por la defensa del Tipnis y la exigencia al canciller David Choquehuanca, que esclarezca ante el Ministerio Público por su falso secuestro, lesiones y tentativa de homicidio.
Finalmente, la plataforma incluye el pedido de concertar con las organizaciones de las naciones y pueblos indígenas originarios, y con los sectores sociales del país, una Agenda Nacional de reconducción del proceso de construcción e implantación del Estado Plurinacional Comunitario.
Fuente: Redacción Central, 11 (ANF).-
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