Las calles del centro de La Paz volvieron ayer a colmarse de miles de manifestantes de la COB, trabajadores del sector salud, médicos y estudiantes de la Universidad Mayor de San Andrés que además de paralizar la ciudad hicieron retumbar sus estribillos contra el Gobierno.
Desde hace un mes y medio, las calles de La Paz se han convertido en el centro de las movilizaciones que además de causar pérdidas económicas, han causado un malestar creciente de la ciudadanía que se ve impotente y perjudicada para realizar sus actividades cotidianas.
Un informe de la Fundación Milenio al que LA PATRIA tuvo acceso, advierte que “cuando se observan las tendencias de largo plazo en los conflictos sociales se advierte fácilmente que los riesgos de violencia son ahora mucho mayores que en el pasado”.
“De hecho, una proporción importante de las movilizaciones que se realizan son protagonizadas por los aliados del Gobierno, en competencia por lograr la satisfacción de sus demandas o el cumplimiento de promesas de campaña”, observa la Fundación.
“Tal vez por esta razón el Gobierno parece despreocupado por los conflictos. Son sus aliados y no quieren derribarlo. Pero lo están inmovilizando y le impiden gobernar, además de afectar seriamente a los ciudadanos y dañar sus esfuerzos productivos y laborales”.
Algún rato tendrán que preguntarse ¿de qué sirve acumular poder, cuando es tan poco lo que se puede?, pregunta el informe de la fundación.
“Lo más grave, sin embargo, es que los riesgos de violencia sobre la gente son hoy mucho mayores y el Gobierno tiene una responsabilidad que esos mismos ciudadanos se la empiezan a exigir”.
NEGACIÓN
Pero el ministro de Gobierno, Carlos Romero negó el viernes que los conflictos sociales afecten la gobernabilidad.
“Hay demandas sociales y actores políticos que quieren aprovecharse de esa situación, no diría que es desestabilizadora porque no tienen posibilidades de conducir a una crisis de gobernabilidad y menos a una crisis de Estado”, dijo el Ministro.
Para Romero lo que ocurre en el país es una “sincronización de demandas en el tiempo”, aunque advirtió que cuantitativamente las movilizaciones tienen menos participantes.
Aclaró que se análisis no significa que “menospreciamos” las demandas de los sectores.
La situación del país es “manejable”, según Romero que destacó la “vocación de trabajo” de gran parte de la población.
“Por pacífica que sea una marcha, al impedir la libre circulación vulnera los derechos de las personas que no participan del conflicto y, por tanto, ejercen cierta violencia sobre ellas. Más aún si lo que se produce es un bloqueo que, explícitamente, tiene el propósito de impedir la libre circulación”, observó Milenio.
ESTUDIO
El 2010 la cantidad de conflictos superó un récord de 25 años. De acuerdo a los registros de prensa procesados por Ceres y Ciudadanía, ese año se produjeron 811 eventos conflictivos. Tal récord no duró nada, pues el 2011 se registraron 884 conflictos, marcando un nuevo nivel.
En lo que va del 2012 muestra una tendencia similar. En los dos primeros meses del año la cantidad de conflictos disminuyó un poco pero se mantuvo cerca del promedio que corresponde a todo el periodo gubernamental presidido por Evo Morales, advierte Milenio.
Pero en marzo subieron a 80 en el mes y en abril rondaron los 100, incluyendo el prolongado conflicto con los médicos y el personal de salud que ha tenido manifestaciones múltiples, cubriendo prácticamente todo el territorio nacional. MÁS CONFLICTOS
La cuestión del Tipnis ha vuelto también a la agenda con el inicio de la Novena Marcha Indígena que ya ha empezado a poner en tensión a los pueblos de su ruta y seguramente convocará la solidaridad urbana.
Y en ese ambiente emergen con fuerza creciente los conflictos locales. En Cochabamba se movilizaron los transportistas en contra del reordenamiento vehicular y en La Paz el mismo sector expresó su rechazo a la ley municipal con la que se pretende reformar el servicio de transporte urbano. En este caso el paro de dos días tuvo momentos de violencia al enfrentarse bloqueadores y bloqueados y al pretender, los primeros, imponer su protesta por la fuerza. Un agravante en este caso fue la actitud de las autoridades que replegaron a las fuerzas del orden, supuestamente para evitar violencia pero, en los hechos, dejando a la ciudadanía a merced de los violentos.
No es primera vez que esto ocurre. Todavía está fresco el recuerdo de los enfrentamientos en Huanuni, entre trabajadores sindicalizados y cooperativistas, que concluyó con varios muertos, y los enfrentamientos en Sucre, cuando los campesinos que asistían a una manifestación en apoyo al Gobierno fueron desprotegidos y sufrieron la furia de los jóvenes que demandaban la capitalidad. Peor aún fue el caso de El Porvenir, donde la ausencia policial y militar permitió un enfrentamiento entre civiles con graves consecuencias para muchos de ellos, según Milenio.
Fuente: LA PAZ, 11. LA PATRIA.-
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