Estado asegura a la CIDH que hubo reparación a víctimas de La Calancha

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Bolivia, mediante la procuradora general del Estado interina, Patricia Guzmán, presentó el pasado viernes sus alegatos finales en el caso de La Calancha que se ventila en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Según el documento al que accedió Correo Del Sur, el Estado boliviano justifica la actuación de la Policía durante los hechos luctuosos de noviembre de 2007 y afirmó que hubo una reparación a las víctimas.

En noviembre de 2007, tres jóvenes cayeron muertos por efectos de la represión policial contra pobladores que salieron a protestar a las calles porque se había excluido del debate de la Asamblea Constituyente la demanda de capitalidad plena para Sucre. El caso en la CIDH lleva el nombre de Gonzalo Durán, el primer muerto por bala, Gonzalo Serrudo y José Luis Cardozo, que fallecieron sin que se hallaran a los culpables de las muertes.

Además, agrega que el derecho internacional humanitario “no podrá ser invocado con objeto de menoscabar la soberanía del Estado por la responsabilidad de mantener o restablecer la ley y el orden en el Estado”, y, en otro punto, asegura que “agotó los mecanismos para brindar la protección del conjunto y restablecer el orden público”.

Durante los hechos de La Calancha, para el Estado “las víctimas no fueron sometidas a ningún trato cruel o inhumano” y los manifestantes “no desarrollaron su protesta en un ámbito pacífico y no se configuraron los elementos y estándares mínimos para alegar una presunta responsabilidad del Estado”.

Sobre los movilizados, el Estado añade que las organizaciones que conformaban el denominado Comité Interinstitucional “lograron la reducción policial a través del amedrentamiento, ataque constante y su desabastecimiento, a causa de la toma del aeropuerto, las instituciones policiales y el cierre de las carreteras”.

REPARACIÓN

En las conclusiones de sus alegatos, el Estado también se refiere a la reparación a las víctimas y afirma que asumió esta responsabilidad sin la necesidad de un pronunciamiento por parte de la CIDH, “mediante un pago económico único acorde a los hechos, que fue recibido y aceptado por los beneficiarios, como reparación económica, por la muerte de sus hijos, sin objetar”.

RETARDACIÓN

Desde la bancada de República 2025, la concejal Melisa Cortés afirmó que el Gobierno justificó las muertes en Sucre señalando que corría peligro el orden constitucional y la vida de los constituyentes, pero no se refirió a la retardación de justicia desde 2007.

Cortés recordó que el objetivo de la demanda es constatar la violación de derechos y, principalmente, la retardación de justicia para que la CIDH conmine al Estado boliviano a iniciar un juicio de responsabilidades contra quienes considera los autores intelectuales, el expresidente Evo Morales y el exministro Alfredo Rada.

El exfiscal general Mario Uribe dejó fuera de la acusación a Morales y solo mantuvo a su exministro y a exjefes policiales, contra los que tampoco ha avanzado ningún proceso.

Fuente: LA PATRIA