A falta de ideas de consenso, MAS impone su versión con “grupos de choque”

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El derecho a manifestarse ha ido perdiendo vigencia en el país debido a la confrontación que hace el Gobierno, mediante sus grupos de choque, a las marchas pacíficas que disienten del Ejecutivo y reclaman reivindicaciones y el respeto al estado de derecho, señalaron tres juristas entrevistados por ANF.

Algunos legisladores del partido oficialista justificaron el ataque a las marchas con el argumento de “ofenden al pueblo” y que es éste el que reacciona, sin embargo, en los hechos, aseguraron los entrevistados, se trata de la intolerancia del partido de gobierno MAS frente al que piensa distinto. Aclararon que el derecho a la libre manifestación y a la protesta pacífica “son elementos esenciales del funcionamiento y la existencia misma del sistema democrático”.

Dijo que el derecho a la protesta está reconocido por la normativa internacional y por la Constitución Política del Estado, vinculado a la libertad de expresión, de movilización y de reivindicación de derechos y garantías, siempre que se cumpla bajo condiciones de no estar vinculadas a actos de violencia ni portación de armas.

“Vale decir, el derecho a la protesta es un derecho reconocido que no puede ser negado por autoridades y peor aún no puede ser tergiversado como se pretende hacer el día de hoy” por el gobierno, apuntó.

MARCHAS

Destacó que las marchas “no pueden ser impedidas por otras contra marchas violentas, y aquí lo que estamos viendo básicamente es la utilización de la fuerza del Estado que trata de generar una campaña de terror, una campaña en contra de esas acciones con contramarchas que normalmente son violentas, que normalmente son agresivas, y que vulneran los derechos de esos marchistas”.

Para el abogado Otto Ritter la situación de los derechos es mucho más crítica. Señaló, que “todo el derecho a la protesta en Bolivia ha sido eliminado prácticamente por el gobierno”, y cuando éste no utiliza las fuerzas del orden, “utiliza sus hordas masistas, grupos de choque del partido oficialista”.

Además, dijo, criminaliza la protesta con detenciones arbitrarias y realiza una clara discriminación cuando se trata de manifestaciones de organizaciones sociales afines.

“Si un grupo afín al gobierno bloquea una carretera, el gobierno no hace nada, no va a desbloquear, pero si es alguien contrario al gobierno, que hace el 10% de lo que están haciendo los grupos oficialistas, inmediatamente van a reprimir”, dijo en entrevista con ANF.

Jorge Quiroz, abogado con especialidad en derechos humanos, señaló que la Constitución Política del Estado establece más de dos centenares de derechos que en la práctica por diferentes motivos el gobierno no los cumple, y que “esto ocurre debido a que las manifestaciones son en contra del gobierno de turno, entonces el gobierno mismo se encarga de que estás no lleguen a cumplirse”.

“Si bien es cierto que existe el derecho a la protesta y está reconocida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, inclusive el derecho a la insurgencia, los órganos del Estado son los que dificultan su cumplimiento”, remarcó.

Agregó que el gobierno desde un inicio ha mostrado la “necesidad de criminalizar la protesta para mantener personas obedientes, como la gente de su partido político, que no digan ni se manifiesten de ninguna manera, y esa es una práctica casi generalizada, no solamente en el gobierno central, sino también en los gobiernos locales y regionales”.

El proceso de vulneración de derechos ha seguido un camino crítico por parte del gobierno del MAS, agregó Gutiérrez, que ha hecho de la violencia “parte de su cultura, de una manera de ser, porque el MAS es violento, porque el MAS no tiene la idea del consenso, no tiene la actitud de llegar a acuerdos y solamente lo que pretende es imponer sus puntos de vista”.

Y para sostener esta práctica, enfatizó, el gobierno mantiene un control absoluto del Órgano Ejecutivo, con su mayoría el Órgano Legislativo y con el control y el “manejo vergonzoso” del Órgano Judicial.

“Acá lo que se hace es imponer una forma, un comportamiento político respecto al conjunto de la sociedad; para decirlo en términos coloquiales, ‘si no lo haces por las buenas, lo haces por las malas’, y las malas es justamente estar en la calle”, apuntó.

Indicó que ya no existe en el país ningún escenario democrático -llámese Asamblea Legislativa, Asamblea Departamental, Concejo Municipal, relación entre órganos del Estado- por lo que “el consenso del diálogo democrático que debería ser absolutamente normal ha sido reemplazado por estos grupos de choque y por una confrontación”.

Explicó que en este escenario aparece centralizada la díada amigo-enemigo; es decir: “Si piensas como yo eres mi amigo; si tienes alguna discrepancia eres mi enemigo y al enemigo se le hace básicamente tres cosas: se lo coopta; se lo apresa, se lo persigue, se lo amedrenta; o finalmente se lo mata”, explicó.

Gutiérrez remarcó que, frente a esta situación, a la sociedad no le queda otro camino que estar en la calle, porque el recurrir al Legislativo nacional, al legislativo departamental o al Órgano Judicial, “es poco menos que imposible que se satisfagan sus intereses en la medida que el poder político ha penetrado todos los escenarios y no permite un mínimo nivel de discrepancia”.

Fuente: La Paz, 29 de julio de 2022 (ANF)