En La Paz y Santa Cruz de la Sierra, consideradas las ciudades más importantes a nivel de desarrollo, población e importancia política, existe otro frente de conflicto que afecta a las autoridades municipales y principalmente a los ciudadanos, ya que el sector del transporte público se opone a la Ley Municipal de Transporte y otros reclaman el incremento del precio del pasaje del transporte público.
En reiteradas oportunidades, la dirigencia del transporte se opuso -y lo sigue haciendo- a la modernización y en prestar eficaz y eficientemente el servicio al usuario, en donde en ambas ciudades se tiene micros obsoletos, choferes que trabajan entre 10 y 15 horas por día, donde gran parte de los micros no reúnen condiciones de higiene y seguridad, se tiene puntos de parada y tanto ciudadanos como conductores no los respetan; los choferes son los primeros en pasar por alto las señales de tránsito, no respetan las cebras peatonales, ofenden en todo momento al pasajero, es decir, peor, imposible. Además, el transporte en La Paz paró por 48 horas afectando no solamente al pasajero, sino a toda la ciudadanía al impedir el libre tránsito y circulación general. Un lujo, porque quien no trabaja en este país, es porque no lo necesita.
En La Paz, los minibuses son el pan de cada día; los existen en versión normal y en miniatura, y el pasajero debe acomodarse según el tamaño del vehículo. Los minibuses que tienen voceador, no sacrificarán un asiento por éste, sino que el usuario debe acomodarse para que el voceador vaya, prácticamente, sentado encima. En Santa Cruz, los minibuses están prohibidos, pero encontraron las formas de hacerlos volver: recorren zonas que los micros no cubren y que poco o nada son controladas por Tránsito, y los conductores exponen la misma imprudencia que en La Paz.
Sabemos que no todos los que conducen el micro o el minibús son los propietarios; los propietarios explotan laboralmente a los conductores haciéndolos trabajar por encima de las horas laborales permitidas, se les cobra renta diaria, todo accidente que ocurra en contra del vehículo es de responsabilidad del chofer, pero luego son los primeros en quejarse de que las tarifas actuales son “bajas” y que debe incrementarse el precio del transporte público, y en la realidad, se aplican tarifas “de hecho” sin regulación ni control, en muchas ciudades del país, por encima de lo legalmente permitido. Al ciudadano no le queda más que callar y pagar. Si nos ponemos a pensar bien, si este negocio no fuera lucrativo, pues nadie sería dueño de micros y sería una actividad a la cual nadie querría ingresar. Total, “al fondo hay sitio”.
La modernización del servicio no pasa por el solo incremento de tarifas, como afirman, sino en que los gobiernos municipales, de acuerdo con las competencias municipales establecidas en la CPE, deben empezar a regular en el ámbito de jurisdicción tal servicio, y hacer cumplir la ley y sancionar a quienes atenten contra la seguridad de los usuarios.
Si se debe efectuar una licitación a empresas de todo tipo para tal efecto, pues se debe hacerlo bajo el amparo de la Carta Magna, si es que quienes ejercen el monopolio del transporte público no desean modernizar el servicio, actualizar unidades, cumplir las normas de Tránsito y tratar al pasajero como un cliente, no como un bulto que debe ser transportado.
(*) Abogado
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