Transnacionales o monopolio estatal

A raíz del fallo que emitió el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, Ciadi, por el que Bolivia debe pagar 105 millones de dólares, el expresidente Carlos Mesa acusó a su similar Evo Morales de ser el culpable por las “falsas nacionalizaciones” que le cuestan al país millonarias pérdidas que empobrecerán a la gente.

Mientras tanto, Morales contestó a Mesa que él está acostumbrado al modelo económico “gonista” y que él quisiera que regresen las transnacionales a invertir en Bolivia, pero también a explotar los recursos del país dejando muy bajas regalías, además señaló que el gobierno transitorio de Jeanine Áñez, destruyó las empresas estatales en un intento de retomar el modelo “neoliberal”.

Con la llegada del Movimiento Nacionalista Revolucionario, MNR, al poder, en la época de Gonzalo Sánchez de Lozada, Goni, como ministro de Economía, se adoptó el otro modelo por el que se vendió a capitales extranjeros, a empresas transnacionales, de manera más específica, los recursos bolivianos y las empresas de servicios para revertir la inflación que tenía a Bolivia sumida en la pobreza.

Si bien la llegada de las transnacionales, con la inversión de millonarios capitales privados, detuvieron la hiperinflación y le inyectó nueva vida a las empresas estatales capitalizadas, lo cual fue la cara bonita de la medida asumida por Goni, se puso en manos ajenas al país empresas estratégicas, como Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, YPFB, la Empresa Minera Huanuni y otras, provocando que los bolivianos perdieran el control de sus propios recursos naturales.

Esa pérdida de control de los recursos estratégicos fue desfavorable para el país, porque incluso se llegó a sugerir que se cobre hasta por el agua de riego, lo que desató la “guerra del agua” y otros problemas que acabaron con el segundo mandato de Goni como presidente de Bolivia.

Sin embargo, en las gestiones de Morales, las empresas estatales tradicionales, como YPFB, la minera Huanuni, la Empresa de Fundición de Vinto y otras más, se endeudaron y a la fecha siguen debiendo mucho dinero. Además que las empresas de más reciente creación son deficitarias y no aportan grandes ganancias al país.

En un intento por recuperar el control de las empresas estatales, el primer gobierno del MAS dejó cabos sueltos como es el caso de la Administradora de Pensiones Previsión, por la que Bolivia debe pagar al Banco Bilbao Vizcaya Argentina SA, BBVA, la suma de 105 millones de dólares, y en ese caso, el procurador debe rendir cuentas al país.

Asimismo, hay susceptibilidad entre los aportantes, de quedarse sin su dinero de la jubilación, pero el gerente de la Gestora Pública, Jaime Durán, aseguró que el dinero de los aportes no se va a tocar, aunque tampoco especificó de dónde se obtendría el dinero en caso de tener que cancelar la millonaria cifra.

Como en todo, se debe lograr un equilibrio entre una y otra opción, está bien que se permita entrar a Bolivia capitales extranjeros, pero se deben mantener como estatales las empresas estratégicas. Y de los laudos y procesos perdidos se debe señalar a los culpables para que paguen por el daño hecho al país.