Designaciones por decreto

Se supone que el Parlamento, hoy en día, Asamblea Plurinacional, es la instancia creada para legislar y designar a algunas autoridades, para lo cual también se tiene un reglamento, de lo contrario se daría toda la potestad al primer mandatario quien podría tomar decisiones y aplicar sus determinaciones sin consultar a nadie, pero en ese caso estaríamos hablando de un gobierno de facto, es decir, de una dictadura, de autocracia.

El diputado por Comunidad Ciudadana, CC, Carlos Alarcón, criticó el uso de “argumentos falsos del ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Iván Lima, con los que justifica el abuso de poder del Gobierno”, en relación a la potestad que le dio la Asamblea, con un Decreto Supremo que le faculta a designar a los representantes de la Contraloría, de la Defensoría del Pueblo y a los magistrados del Órgano Judicial.

Para elegir al representante de la Defensoría del Pueblo se tuvo muchos problemas, pero finalmente se zanjaron eligiendo a uno de los postulantes, por examen de competencia, pero ya en la recta final quedó en suspenso porque los legisladores de oposición observaron que no se tomó en cuenta a uno de los que ellos apoyaban y pidieron comenzar todo el proceso de nuevo, ante la negativa de los oficialistas, entre ambos no lograron un consenso para que la autoridad fuese elegida por dos tercios, por lo que el resultado final quedó en suspenso.

Para elegir al contralor, también se tuvo problemas al momento de ponerse de acuerdo en los términos de la convocatoria, que finalmente se publicó y se presentaron 40 candidatos, aunque ya fueron depurados 10 de ellos, porque no cumplían los requisitos.

Las autoridades que designaría el Presidente del Estado boliviano deben cumplir funciones de una manera imparcial, puesto que esos puestos en la administración pública están creados para evitar el abuso de poder y fiscalizar a quienes están en la función pública, pero si se elige a quien sólo emita loas para los poderosos, se irá contra el derecho de los ciudadanos a un trato justo y una vida mejor, y es por eso precisamente que la nueva CPE prohíbe que sea el primer mandatario del país quien nombre a las autoridades mencionadas arriba.

Por otra parte, se quiso democratizar la elección de jueces y magistrados, lo que no tuvo el mejor resultado, pero eso fue porque no se dio prioridad a la meritocracia para elegir a los postulantes, en general, se suele dar mayor importancia a la militancia y a la carrera sindical que a los méritos conseguidos con estudio y práctica, situación que debe cambiar por el bien de toda la nación.