Lucha que algunos se niegan a afrontar

En el país existe preocupación por la lucha contra el narcotráfico, mientras que autoridades que deberían ocuparse del tema prefieren solucionar primero sus diferencias políticas entre sus correligionarios y con sus opositores, ya que las propuestas para combatir el tráfico de drogas vienen de analistas y autoridades del nivel departamental, pero desde el Gobierno central no hay nada concreto.

El analista y abogado constitucionalista, Luis Alberto Ruiz, propuso que para la lucha contra el narcotráfico es necesario quitarle el monopolio de esta lucha a la Policía, para evitar la corrupción que permite liberar o encubrir a traficantes y peces gordos, inclusive a políticos ligados a este ilícito. En su propuesta está el hecho de incluir en esta campaña contra el tráfico de estupefacientes al Ejército, que según él, al ser antagónicos los traficantes no podrán negociar con los efectivos policiales.

Por otra parte, el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho propuso crear un observatorio contra el narcotráfico, al que el Ministerio de Gobierno, cerró las puertas, según la respuesta que dieron a la misma fue que sería muy burocrático.

Mientras tanto, dos exjefes policiales aseguraron que la imagen de la Policía está deteriorada por la intromisión del poder político en sus filas y en los casos que ellos intentan resolver. “Como está bajo el Ministerio de Gobierno y es parte del Órgano Ejecutivo, ellos disponen, dirigen y definen cuándo va a entrar un policía a trabajar y no le dan independencia funcional a la Policía que tiene elementos altamente capacitados”, señaló uno de ellos.

“No hay peor ciego que el que no quiera ver, la injerencia política y sus propios intereses son los que han ido deteriorando la institución”, añadió.

En tanto, desde el partido de Gobierno, algunas voces reclamaron que “la derecha no tiene moral” para hablar de la lucha contra el narcotráfico. Sin embargo, es un tema que atañe a todos los bolivianos, sean de derecha o de izquierda, ya que es un flagelo que afecta a toda la población, no a las ideologías.

El analista Ruiz ve extraño que hasta ahora no se haya procedido a la inmediata incautación de bienes, que no se hubiera realizado un rastrillaje de llamadas, que la UIF no investigue hasta el cuarto grado de manera ascendente y descendente de las fortunas mal habidas de cualquiera que huela a narcotráfico y que no se hayan aplicado escuchas telefónicas.

Mientras que el principal acusado en el caso de homicidio de tres uniformados en Porongo, sólo es investigado por “enriquecimiento Ilícito” ya que, presuntamente no se hallaron vínculos con ningún narcotraficante, pese a que su suegro es uno de ellos, y está extraditado en Brasil por ese delito.

De la misma manera, el diputado Rolando Cuéllar fue calificado como enfermo mental luego de que denunció el supuesto financiamiento del narcotráfico al partido de Gobierno, sin embargo, no se ordenó una investigación seria para descartar la denuncia y demostrar al país si se trata o no de una infamia del legislador, que fue expulsado de la tienda política, por lo que los oficialistas consideran que se trata de una venganza contra sus excorreligionarios.

En todo caso, es urgente realizar las investigaciones correspondientes y salir de dudas, además de fijar una política de lucha antidrogas, trazando un plan de acción para poner en práctica lo antes posible y si es necesario modificar las leyes, hacerlo para afrontar esta lucha contra este flagelo que azota y pone en mal sitial a Bolivia.