Proyecto de ley que incrementa sanciones para jueces y fiscales pasa al Ejecutivo

El proyecto de ley que aumenta la pena de 10 a 20 años de privación de libertad para jueces y fiscales que cometan prevaricato, fue sancionado por la Cámara de

Diputados y remitido al Ejecutivo para su promulgación. La norma apunta contra los funcionarios que favorezcan a feminicidas, infanticidas o violadores de infantes, niñas, niños y adolescentes.

Es una medida “a corto plazo” para avanzar en la reforma de la justicia y devolver la confianza de las víctimas en el sistema judicial, resaltó la presidente de la comisión de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado, diputada Lidia Tupa del Movimiento Al Socialismo (MAS), citada en una nota institucional.

“Se aprobó el proyecto de ley 179, que tiene por finalidad modificar tres normas importantes, el Código Penal, el Código de Procedimiento Penal y la Ley de Ejecución Penal. Esta propuesta de ley garantiza que ninguna persona que haya cometido estos delitos (feminicidio, infanticidio, violación a menores) sea beneficiada”, afirmó Tupa.

El presidente, de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani Laura, detalló que, el proyecto de Ley 179 modifica el artículo 173 del Código Penal, correspondiente al delito de prevaricato, para que, aquellos jueces o fiscales que hayan beneficiado de manera irregular a feminicidas, infanticidas, violadores de infantes, niños, niñas o adolescentes reciban una pena de 20 años de cárcel. A la fecha, la sanción era de cinco a 10 años.

“También se ha modificado el artículo 174 que tiene que ver los Consorcios. Hasta ahora la sanción solo alcanzaba a jueces, fiscales y abogados, pero con el proyecto de ley, se ha incorporado a magistrados, vocales, conciliadores, policías, peritos, médicos y trabajadores sociales”, detalló.

Sobre las reformas al Código de Procedimiento Penal, explicó que se modificará el artículo 231 para que los imputados por feminicidio, infanticidio y violación, no puedan gozar de otras medidas cautelares que no sea la detención preventiva.

Fuente: LA PATRIA