La justicia boliviana de mal en peor

A escasos días de haber presentado su informe el relator especial de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre la independencia de los magistrados y abogados, Diego García-Sayán, un juez de Guarayos dio detención domiciliaria, sin custodio a uno de los más peligrosos implicados en el secuestro de civiles, policías y periodistas en la hacienda Las Londras, ocurrido en octubre de 2021, en Santa Cruz.

Entre las principales observaciones que tenía el informe de García-Sayán, está el hecho de que existe injerencia política en el sistema judicial, y el mismo es de larga data. Entre los obstáculos para un sistema judicial independiente e imparcial, citó el bajo presupuesto que el Gobierno asigna para jueces y fiscales, que por un lado son víctimas de amenazas y presiones, lo que limita su trabajo, y por el otro, promueve la corrupción entre los funcionarios.

Además señala que las víctimas tienen muchos obstáculos para acceder a la justicia, puesto que deben aportar pruebas, pagar los trámites y realizar gastos extraordinarios para que sus procesos avancen.

En el informe se hace referencia al caso del violador y asesino serial Richard Choque Flores, liberado por el juez Rafael Alcón, basado en un informe médico. También se cita como ejemplo de lo que ocurre con la justicia en Bolivia, la liberación de Felipe Froilán Molina Bustamante, alias “El Killer”, condenado por el asesinato del dirigente Marcelo Quiroga Santa Cruz.

Pese a que se citan esos ejemplos, en el informe, reprochando las falencias en la justicia, ayer, un juez, que anteriormente había calificado a Paulino Camacho Vedia, como peligroso para las víctimas y para la sociedad, al momento de pedir su detención preventiva en una cárcel de Montero, Santa Cruz, ahora determinó que salga del penal para cumplir detención domiciliaria, sabiendo además que intentó fugarse al momento de su aprehensión.

Este hecho demuestra que el sistema judicial poco o nada cambió y se necesita seguir las recomendaciones del informe de García-Sayán, para lograr una mejora en el sistema judicial, para que la mayoría de los ciudadanos encuentren justicia en sus procesos.

Entre las 20 recomendaciones que hizo el relator especial, está la “reforma en el proceso de selección de autoridades judiciales, debido a la falta de legitimidad que se tiene en la elección por voto popular.”

También, se aconseja “impulsar un debate nacional sobre las reglas vigentes y deseables para la selección y designación de integrantes de las altas cortes y el Consejo de la Magistratura.” Además de la “prevalencia de procedimientos de designación no políticos, vinculados estrictamente a la calidad y mérito profesional y al compromiso con los valores del Estado de Derecho y los estándares contenidos en los principios básicos relativos a la independencia de la judicatura”.

El relator especial también urgió a que se realicen las reformas en la justicia lo antes posible, señalando que es un asunto que no puede esperar más, y pese a que el ministro de Justicia, Iván Lima anunció, al inicio de su gestión, una reestructuración del sistema judicial, mediante una cumbre, hasta el momento no se ha hecho nada al respecto.