Nueva estructura de Ministerio de Minería genera inquietud y alerta de productores

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La vigencia del Decreto Supremo 4721 que modifica la estructura del Ministerio de Minería y Metalurgia genera preocupación y pone en alerta a los productores mineros, porque determina incorporar al sistema productivo a las “empresas comunitarias o economía mixta con participación indígena en los beneficios que otorgue la producción”.

En criterio de los representantes del sector privado de los productores mineros esa medida que no prevé la Constitución Política del Estado (CPE) alentará la actividad ilegal en las minas, donde ahora la minería chica y estatal sufren el robo de concentrados por grupos organizados que operan como instituciones originarias o se hacen pasar por autoridades originarias.

Asimismo, el Estado Plurinacional de Bolivia, a través de sus organismos especializados, investigará, conocerá y controlará la presencia de minerales acompañantes al mineral principal, que tengan valor comercial para fines del pago de Regalías Mineras.

INCREMENTO

DEL JUQUEO

El Decreto 4721 modifica la estructura para promover el desarrollo de la inversión y producción en el sector minero de empresas comunitarias o economía mixta, y también de fomentar la participación indígena en los beneficios de la industria minera, lo que dará lugar a la toma de las minas, que todavía operan por parte de supuestas “autoridades originarias” que están sembrando zozobra y atentando en contra de los concesionarios de los yacimientos, lo que indudablemente genera inseguridad jurídica porque nadie podrá ingresar a las minas, dijo el presidente de la Cámara de Minería de Oruro, Jaime Soria, al ser consultado sobre la medida.

Esa ilícita actividad dará lugar al “juqueo” robo de minerales, que ya existe, porque varios industriales mineros han sido despojados de sus yacimientos luego de realizar inversiones, reactivar sus empresas y ahora no puedan hacer nada, porque los que se reclaman ser comunarios que sin embargo no demuestran, usan la infraestructura y sacan el mineral vendiendo y entregando para beneficio propio y sin pagar ningún impuesto ni beneficio a la comunidad, mucho menos al Estado, afirmó.

El presidente de CADEMIN-Oruro fue concreto al señalar que la Constitución Política del Estado y la Ley Nº 535 de Minería y Metalurgia, reconoce a tres operadores mineros: el estatal, el privado y las cooperativas. No figuran las empresas comunitarias que se pretende incorporar con el Decreto 4721, por lo que resulta ser una norma inconstitucional que atenta contra el derecho de los productores mineros y hasta de las empresas estatal y de la minería mediana, además del propio Estado, porque mucha gente a título de ser originario esta ingresado a las minas para robar concentrados y llevar a otros distritos sin que ninguna autoridad sancione este hecho, aseguró.

Dijo, nosotros hemos pedido que se revise la medida, pero es difícil tener atención porque esperamos la visita del ministro de Minería, Ramito Villavicencio a la Cámara de Minería de Oruro y la autoridad no viene, asistimos a un taller para considerar estos temas, pero tampoco participa el ministro, solo emite un saludo y no da lugar a escuchar nuestros reclamos.

Para incluir a este nuevo sector productivo, habrá que modificar la ley y la constitución y ver quienes podrán dedicarse a la minería, porque la situación actual genera absoluta inseguridad jurídica y hasta es un riesgo invertir o trabajar los yacimientos mineros, porque se invierte, se prepara la mina y vienen los que se dicen originarios se quedan con el yacimiento, avasallan y nadie dice nada. Esa es la realidad de nuestra minería chica donde cada día hay un nuevo afectado, por el robo de concentrados y hasta equipos y herramientas, sin tener ninguna protección del Estado, aseveró Soria.

MAYOR

INSEGURIDAD

Para el presidente de la Cámara Nacional de Minería, Néstor Choque, la medida lanzada por el gobierno a instancia del Ministerio de Minería y Metalurgia que ahora dispone de una nueva estructura, da origen a mayor inseguridad y genera más preocupación de los productores mineros que con mucho esfuerzo y dedicación están queriendo salir de la crisis sanitaria para reactivar las minas para aprovechar el mejor precio de los minerales.

La nueva estructura jerárquica del Ministerio de Minería y Metalurgia, consigna los cargos ejecutivos de Ministra (o) de Minería y Metalurgia- Viceministerio de Política Minera, Regulación y Fiscalización con su Dirección General de Política Minera, Regulación y Fiscalización; el Viceministerio de Minerales Tecnológicos y Desarrollo Productivo Minero Metalúrgico con su Dirección General de Minerales Tecnológicos y Desarrollo Productivo para su Industrialización y Dirección General de Medio Ambiente y Consulta Pública, además del Viceministerio de Cooperativas Mineras con su Dirección General de Cooperativas Mineras.

Choque dijo que la Minería Chica ha pedido desde hace mucho tiempo contar con la Dirección Nacional en la estructura del Ministerio de Minería, sin tener una respuesta favorable, dejando de lado la atención directa que debe tener este sector que contribuye de manera efectiva con la generación de empleos y el pago de regalías mineras.

No somos atendido y pedimos que se respeten nuestros derechos porque la historia de la minería chica es de larga data y somos productores independientes que nunca hemos recibido apoyo de ningún gobierno y mucho menos incentivos para desarrollar nuevos proyectos, dijo.

Indicó que los mineros chicos analizan el decreto 4721 y que emitirán una posición para exigir que se respete sus áreas de trabajo que se devuelvan los yacimientos avasallados y ocupados por personas que se dedican al comercio ilegal de minerales y que aprovechan la situación de ser supuestas autoridades indígenas u originarias para apropiarse de los yacimientos mineros en plena explotación y se adueñan, dejando a los productores sin trabajo y sin recursos económicos.