Familia Doria Medina es investigada por presunto delito de defraudación tributaria

La Fiscalía Especializada Anticorrupción de La Paz informó en horas precedentes que investiga a la familia del empresario Samuel Doria Medina por la presunta comisión del delito de defraudación tributaria.

Sobre ese caso, el empresario y político decidió acogerse a su derecho a guardar silencio tras ser convocado a declarar ante la Fiscalía, informó el fiscal Departamental de La Paz, Williams Alave.

“Las fiscales están convocando a la familia Doria Medina y entendemos que ya han declarado y muchos se han acogido al silencio. La investigación es más sobre defraudación tributaria (…) (Samuel) Doria Medina se acogió al derecho al silencio”, afirmó Alave.

En ese caso, se investiga a toda la familia del empresario porque, presuntamente, “no pagaron lo correcto” en el marco a las transacciones que realizaron.

Samuel Doria Medina, el exlíder de Unidad Nacional (UN), asistió a la convocatoria de la Fiscalía vía zoom porque está en Estados Unidos.

CASO

El empresario y su familia en el 2005 mediante la empresa “offshore” Akapana S.A., vendieron acciones de la Sociedad Boliviana de Cemento (Soboce).

Se presume que esa venta fue a precios reducidos; sin embargo, se habría negociado la venta de las acciones con Chihuahua con el precio real.

DENUNCIA

En noviembre de 2016, el exvicepresidente Álvaro García Linera denunció que el empresario y su familia crearon en 2005 una empresa en Panamá denominada “Akapana”, que el 21 de septiembre del mismo año compró en Bolivia el 46,5% de las acciones de Soboce en un precio de Bs. 270 millones, de los que reportó una ganancia de Bs. 80 millones, por la que pagó los impuestos de ley.

Un día después, el 22 de septiembre, “Akapana” vendió las acciones a Chihuahua en Bs. 524 millones, con una ganancia de Bs. 297 millones, por lo que evadió en Bolivia, a decir del Gobierno de entonces, impuestos correspondientes a un monto de Bs. 217 millones.

En réplica, Doria Medina calificó en ese entonces las acusaciones de “políticas” y “absurdas” en razón de que el precio de la venta se cifró sobre la base del “valor de libros, el valor que había en ese momento”. Aseguró, además, que la transacción fue legal y recordó que el tema prescribió, según las leyes tributarias.

Fuente: LA PATRIA