Cambios urgentes en la justicia

El viceministro de Justicia y Derechos Fundamentales, César Siles, señaló que el informe del relator especial para la Independencia de Jueces y Abogados de las Naciones Unidas, Diego García-Sayán, es un insumo para lograr cambios en la justicia boliviana, luego de recibir su informe en el que da ciertas recomendaciones al Gobierno.

En el informe de García-Sayán se identifican algunas falencias como la falta de independencia de la justicia, así como la forma de elección de altos mandos en el sistema judicial, por lo que no se puede garantizar procesos imparciales.

Entre las recomendaciones que hizo el relator especial está la forma de elegir a magistrados y jueces, a quienes además se les debería garantizar su puesto de trabajo siempre y cuando demuestren una conducta y proceder idóneos, además de separar la parte administrativa de la judicial y también obviamente alejarse de la política.

También se recomendó aumentar el número de juzgados y fiscales especializados, dedicados exclusivamente a la violencia contra la mujer, tomando en consideración la Ley 348, ya que existen muchos casos de violencia aún sin sentencia y con pocos perpetradores pagando por sus crímenes.

Recomendó al Gobierno atacar la corrupción en el sistema judicial con políticas de transparencia y rendición de cuentas, así como la sanción de los jueces responsables por prácticas corruptas, además de restaurar el espacio y papel de la justicia de paz impulsando las modificaciones normativas necesarias.

Se aconsejó agilizar los procesos y resarcir a las víctimas de los hechos de 2019, ya que, según observó el relator especial, son los familiares quienes tienen que peregrinar y realizar los trámites necesarios para hacer que la justicia funcione a su favor.

En resumen instó a que se realicen las mejoras pertinentes en el área judicial, comenzando desde la capacitación a quienes son y serán administradores de justicia, por lo que no sólo se requieren leyes y normativas, sino que se debe mejorar la carrera desde los estudios superiores.

También se recomendó realizar cambios en el Código Penal y en el Código de Procedimiento Penal, pero en esto hay que tener cuidado, ya que la justicia debe estar al servicio de la población y no para aprovechar de despenalizar crímenes como el micro tráfico de drogas, como se pretendió en el pasado, o para penalizar actividades que no son delitos, como la tarea de informar.

Finalmente, destacamos un derecho que los periodistas han defendido desde siempre, pero que es un derecho de todo ciudadano y es que García-Sayán exhorta al Gobierno a adoptar una ley de acceso a la información pública, porque todo ciudadano tiene derecho a saber qué se hace con su dinero, de los impuestos y, en qué se invierte, si realmente le beneficia o se dilapida a favor de unos cuantos.