Involucran como sindicados a exautoridades universitarias

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El exrector de la Universidad “Tomas Frías”, Juan Bohórquez Ayala y el exdirigente de los docentes, Rodrigo Rodríguez Arce aparecen como co-sindicados en el caso de Max Mendoza, según la resolución de imputación que presentó la Fiscalía en la audiencia cautelar realizada el domingo precedente contra el exdirigente universitario, que culminó con su detención preventiva.

“Conocieron dichas irregularidades, ellos y otros testigos serán identificados. (...) Estos co-sindicados le designaron (a Max Mendoza) como secretario a.i., ellos son Juan Bohórquez y Rodrigo Rodríguez”, señala parte de la imputación formal según medios nacionales.

El Ministerio Público acusó a Max Mendoza por los delitos de conducta antieconómica y usurpación de funciones, por ese caso fue enviado el domingo precedente a la cárcel por el lapso de seis meses, debido a que los fiscales pidieron tiempo para recabar información de testigos y sindicados.

RESOLUCIÓN

En diciembre de 2018 las dos autoridades firmaron la resolución 36/2018 y este documento designó a Mendoza como “secretario nacional de la CEUB” que a la vez era beneficiado en dos aspectos: el primero, se le asignó un salario de Bs. 21.870 desde el 24 de mayo de 2018 hasta el 18 de mayo de 2022; el segundo, lo hizo parte del Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB), podía disponer de vehículos y presupuesto como una autoridad universitaria “con precepción de haberes y beneficios sociales”, señala el documento oficial.

Asimismo, en enero de este año ofertó la provisión de pasajes para la CEUB por un monto de Bs. 800.000 con una empresa turística y la Fiscalía afirmó que Mendoza firma como responsable del mismo.

Según el documento, el poder de Bohórquez y Rodríguez para autorizar pagos al ahora detenido en el penal de San Pedro nació del propio estatuto de la Universidad Boliviana, que establece los congresos universitarios el cual presiden rectores de las ciudades sede y resulta que en 2018 la sede era en la ciudad de Potosí.

Ese congreso fue suspendido por los conflictos que se suscitaron en la Universidad de El Alto debido a que murió un estudiante. La suspensión era de 30 días, pero inexplicablemente duro cuatro años, en todos ellos, Mendoza cobraba un sueldo.

De acuerdo a la imputación, existen al menos 20 personas que deben declarar por esa resolución y por el cargo de Mendoza en la CEUB sin tener los títulos académicos que exige la entidad.

Fuente: LA PATRIA