Estamos frente a una delicada situación que por las circunstancias de conflicto que atraviesa ha dejado al descubierto una serie de falencias en los sistemas de atención de la salud pública, que si bien se las conocía, lo cierto es que poco se las sentía.
La disposición de aumentar horas de trabajo a todos los funcionarios del sistema de salud, empezando por los médicos y terminando en los empleados de apoyo, ha desatado una reacción generalizada entre los afectados que de manera inicial se resistieron al aumento de horas de trabajo, pero también insisten en ser incluidos con todos los derechos a la Ley General del Trabajo.
En ese ínterin y tras muchas escaramuzas de protesta, que todavía se dan en el ámbito de la salud, se destaparon los verdaderos problemas que confrontan los hospitales públicos y los centros médicos del seguro social, en unos casos con deficiencias estructurales sumamente graves, en otros con fallas de orden administrativo que deben superarse para mejorar la atención a los pacientes, sean estos ciudadanos comunes o los que gozan de algún tipo de seguro.
Parece que la idea del aumento de horas surgió más en una instancia de buenos deseos, antes que en un programa debidamente elaborado para que su aplicación demuestre cambios significativos en la prestación de servicios médicos en todos los niveles de la salud pública, tal cosa no sucede porque desde el ministerio del ramo no se ha mostrado un nuevo proyecto que transforme los servicios médicos del país.
A la inversa de esa carencia de programación integral se han descubierto los grandes problemas del sistema, con mayor dramatismo en los hospitales de tercer nivel que adolecen de serias fallas de infraestructura, dotación de equipos médicos, materiales y otros insumos que realmente hacen dificultosa la tarea de los médicos que así trabajen más horas no pueden suplir las falencias que ahora son conocidas en toda su magnitud y obligan a inmediatas políticas de soluciones estructurales en los servicios de atención a miles de pacientes.
Por lo que se aprecia y dadas las condiciones de “sinceridad funcionaria” que han mostrado los galenos y empleados de salud, a tiempo de defender sus intereses, lo más claro es que la salud en nuestro país es atendida con limitados recursos económicos y sin tomar en cuenta toda la responsabilidad que entraña el funcionamiento de hospitales de todo nivel para asegurar y garantizar buenos servicios médicos.
Ahora y tras un conflicto que se prolonga más de un mes, la situación se torna caótica, pues ante la falta de solución por parte del gobierno, los funcionarios de salud en todos sus niveles persisten en sus medidas de presión y frente a la falta de esos servicios, comienzan las protestas justificadas de una población que necesita atención médica, en algunos casos de urgencia y que ahora están limitados por caprichosas posiciones sectarias de orden político y social que ponen en riesgo la salud de toda la población.
Frente a tan delicada situación, corresponde establecer entre las partes una tregua urgente que permita definir lineamientos para planificar adecuadamente la reestructuración de todo el sistema de salud pública, de tal suerte que entre los protagonistas del sector y los responsables en el orden administrativo se alcancen objetivos que transformen de manera general el sistema de la salud pública en nuestro país y que la ciudadanía beneficiaria de esa atención sienta que su salud está debidamente atendida con eficiencia y seguridad.
Fuente: La Patria
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