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Para desarrollar la economía del Occidente del país:
Empresarios en alerta piden urgente instalación de la Fundición de Zinc
20 may 2022
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El Consejo Directivo de la Federación de Empresarios Privados de Oruro (FEPO) demando urgente atención del ministro de Minería y Metalurgia, Ramiro Villavicencio, al exigir la urgente instalación de la Fundición de Zinc en Oruro, en cumplimiento de una ley que declara este proyecto de prioridad nacional.
La decisión fue tomada por decisión unánime del Consejo de Presidentes y representantes de las cámaras y de los ejecutivos afiliados a la FEPO, tras conocer que el ministro Villavicencio suscribió un acta junto al presidente de la gubernamental Corporación Minera de Bolivia (Comibol) Eugenio Mendoza, para incorporar al pliego de la Central Obrera Boliviana (COB) para hacer realidad el Plan de Industrialización del Zinc en le departamento de La Paz, a través del Proyecto Metalox.
La medida es inicial y se asumirán otras acciones para hacer respetar los derechos de los orureños, señalaron los asistentes a la reunión de Consejo Directivo, confirmando la posición la presidente de la FEPO, Elvira Valdez de Velasco, al ratificar que la Ley de la Fundición de Zinc, se gestó el la FEPO a pedido de los empresarios y fue tramitada por el parlamentario Ricardo Aillón Álvarez, proyecto que fue declarado de prioridad nacional para su urgente su ejecución.
Valdez dijo que el ministro Ramiro Villavicencio en visita realizada a la FEPO al inicio de su gestión comprometió todo el apoyo y su respaldo “como orureño” para que este proyecto se haga realidad, indicando incluso que el fue el director del proyecto y diseño en la modalidad de horno Ausmel para su construcción en predios de la Fundidora Nacional donde opera la Empresa Metalúrgica Vinto con sus fundiciones de Estaño y
de Antimonio.
Los empresarios de Oruro junto a sus ocho cámaras asociadas y empresas no descartan junto a otras instituciones departamentales asumir otras acciones en defensa de derecho al desarrollo productivo para exigir que el ministro Ramiro Villavicencio cumpla su compromiso lejos de postergar indefinidamente la construcción de la fundición que además debe cumplirse también en Potosí, en estricto apego y aplicación de la ley tramitada, aprobada y promulgada a gestión del entonces senador Ricardo Aillón.
MUCHOS PERJUICIOS
Para los empresarios de Oruro de las Zonas de Reserva Industrial de Huajara y Vinto, así como para la Cámara Departamental de Minería de Oruro, más son los perjuicios que se tienen con la administración del Estado Plurinacional en el área de minería y metalurgia, porque en vez de asignar la inversión requerida para construir la Fundición de Zinc, se aplicaron medidas perjudiciales para la Metalúrgica Vinto que perdió su NIT y opera como subsidiaria de la Comibol que utiliza su NIT para todas las operaciones y transacciones económicas, al igual que la Empresa Minera Huanuni que también cancelo su NIT y opera sólo con el NIT de la Comibol.
La aplicación de esas medidas sólo entre el periodo del año 2007 al 2016 generó la no percepción de ingresos en Oruro por un valor de 871.059.681 bolivianos para la Empresa Metalúrgica de Vinto, a lo que se debe sumar la pérdida por no percepción de impuestos durante los últimos seis años que no fueron cuantificados.
Asimismo, el daño económico, por la no percepción de ingresos por el pago de impuestos que se ocasiona a la región con la supresión del NIT de la Empresa Minera Huanuni que entre el año 2000 y el 2005 dejó un saldo negativo para Oruro por un valor de 74.883.496 bolivianos que sumados al no pago de impuestos de la Metalúrgica Vinto en Oruro, asciende a la suma de 945.943.177 bolivianos, suma que va en aumento por cada gestión, según los productores mineros y metalurgistas.
El pago de los impuestos que se dejaron de percibir debería beneficiar a la Gobernación y el Municipio de Oruro, así como a la Universidad Técnica de Oruro, además del valor agregado que genera con la creación de empleos y la instalación de empresa, para proveer a la Metalúrgica Vinto y la Mina de Huanuni, porque ahora las adquisiciones se realizan en Comibol La Paz.
La Universidad Técnica de Oruro anunció que a través de la Facultad de Ciencias Económica y Financieras cuantificará el daño económico que supone la no percepción de los ingresos provenientes del pago de impuestos de Vinto y Huanuni, así como el efecto multiplicador que ello supone para exigir que se reponga el NIT a las dos empresas y puesto que el beneficio debe ser para las regiones donde se genera el hecho económico y no subvencionar una burocracia estatal de la empresa mayor de la minería que se dedica al arriendo y control de minas estatales.
Por su parte el Municipio de Oruro también resulta afectado con esta medida, porque dejó de percibir el pago de impuestos y tasas de los servicios que realizaban otras empresas que trabajan de forma directa con la fundidora nacional y la mina de Huanuni, habiendo cerrado sus operaciones varias empresas locales que ahora deben buscar contacto directo con la Comibol.
NO HAY
POLÍTICA MINERA
Para los empresarios la ausencia de una política minera nacional frena el desarrollo de la minería que tiene mercados potenciales, pese a la recuperación del precio de los minerales en el mercado internacional, mostrando una ineficiente política gubernamental para mantener e incrementar las regalías que se genera por el pago de exportaciones que son la base económica de las regiones productoras del occidente del país, en este caso Oruro, Potosí y La Paz.
REVISAR LA
LEY MINERA
Por su parte el presidente de la Cámara de Minería de Oruro, Jaime Soria Mendoza, dijo que se debe realizar la revisión y modificación de la Ley 535 de Minería y Metalurgia para que esta norma permita reactivar y desarrollar la economía con nuevas inversiones y la generación de empleos en el Occidente del país.
Destacó el último Seminario Taller realizado en La Paz, para la Caracterización de la Minería Chica, pero advirtió que no pasa de una buena intención porque el país y los productores mineros requieren tener las condiciones necesarias para producir, con seguridad jurídica e incentivos a los productores mineros de los sectores de la minería estatal, privada chica y mediana y la cooperativizada, tomando en cuenta que debe existir una política de fomento y promoción de la actividad minera y metalúrgica en el país.
Afirmó que sólo la ejecución de una Política Minera Metalúrgica Nacional posibilitará el desarrollo de la economía para atraer inversiones y generar empleos, por lo que se debe pensar en mejorar los niveles de productividad regional que garantice el crecimiento sostenido y sustentable de Oruro y otras zonas productoras como Potosí y La Paz.
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