Preocupación por crecimiento de minería ilegal en vasta zona

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La Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) reconoció no hace mucho que ha sido “rebasada por la minería ilegal”, especialmente en la zona del Parque Madidi, donde actualmente trabajan grupos de mineros que incluso han instalado maquinaria pesada para aumentar la extracción de minerales, desconociendo abiertamente la normativa del Código de Minería y afectando la soberanía de comunidades agrarias, lo que significa una transgresión a las leyes vigentes y al propio reglamento de labores mineras.

La AJAM reconoció el hecho ilegal y planteó la conformación de un “Consejo” de control que pueda enfrentar a la minería ilegal que se instaló en predios del Parque Madidi de reserva natural en el que están prohibidas las actividades mineras. La Ajam, autoridad de control de proyectos mineros, ha planteado la aplicación de medidas apropiadas para frenar la minería ilegal evitando que se alteren las regulaciones propias del mantenimiento de áreas protegidas, y de manera paralela, facilitar la ubicación de zonas aptas para la minería.

La propia Ley 535 de Minería y Metalurgia, en parte de su reglamentación prohíbe el asentamiento de propiedades mineras o de explotación de minerales allí donde prevalecen las actividades agropecuarias e incluso las ganaderas para preservar especialmente los productos alimenticios, algo que se repite con frecuencia a los empresarios mineros, pero que tal parece lo olvidan cuando los minerales ganan preponderancia por ubicación, valor y cantidad.

Adecuada solución

Lo cierto es que unos y otros, tienen derechos para la explotación de nuestros recursos naturales, que siendo tan variables en la extensión del territorio, abren marcadas expectativas de acuerdo a particulares intereses, sin embargo algo que debe entenderse es la prioridad selectiva de las áreas dispuestas de manera natural para la explotación de la riqueza propia de sectores, allí donde se encuentran y son parte de la territorialidad, uso y costumbres, las agropecuarias, las ganaderas y las mineras. La teoría limítrofe y la vigencia normativa dispone cierto ordenamiento que sin embargo es sujeto de cambios cuando, por ejemplo, en regiones agropecuarias se descubre también riqueza minera, cuya importancia obliga a establecer condiciones de mutuo interés y apropiado tratamiento que sin afectar proyectos permitan su desarrollo y la obtención de comunes beneficios.

La minería por su propia característica, generalmente recurre a implementar proyectos en los que se hace común el uso de maquinaria pesada, cierto tipo de elementos químicos y con seguridad el movimiento de tierras, que pueden afectar y hasta dañar los proyectos agropecuarios en determinadas regiones por lo que será muy importante coordinar con la autoridad sectorial, la incursión en explotación minera, respetando las regulaciones que principalmente tienen que ver con el cuidado de restricciones dispuestas para garantizar calidad y cantidad de productos alimenticios de origen agropecuario y ganadero que deben someterse a exámenes rigurosos que garanticen la inexistencia del más mínimo elemento contaminante.

La AJAM, expone su posición sugiriendo medidas para enfrentar la minería ilegal que constituye el sector más dañino del medio ambiente y que debe ser objeto de un permanente y eficiente control, en defensa también de la salud colectiva, expuesta a contaminación indirecta, por ejemplo cuando la gente consume agua de un rio (antes limpio) ahora contaminado por el uso de mercurio en la minería.

A propósito del tema, el gobierno nacional recibió dos mensajes importantes, el primero considerado como un pedido y el segundo como recordatorio de parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), frenando el uso del mercurio por parte de la minería ilegal, especialmente la que se dedica a la extracción de oro en los ríos del país, especialmente en La Paz y que oficialmente utiliza mercurio para purificación del oro.

La observación tiene que ver con el excesivo uso de mercurio que contamina el medio ambiente y “envenena” agua de los ríos que beben y utilizan pobladores de las zonas ribereñas y que antes de la presencia minera no tenían este tipo de problemas. Los reclamos son concretos contra la “minería ilegal” que desconoce normativas al no existir autoridad que ponga en orden a ese sector irregular de la minería.

Un dato preocupante, señala que una estadística oficial, considera a Bolivia como el segundo país del mundo en el uso del mercurio, aspecto que conocen las autoridades, pero que no actúan para frenar el uso excesivo de ese material en el proceso de separación de las impurezas del oro para mejorar su calidad y valor comercial. Algo evidente es que el Estado no controla ni la importación y menos el empleo de este material (mercurio) en el proceso de limpieza del oro y en otros menesteres afines expresamente a la minería irregular.

Sobre este delicado tema se reitera un reclamo de autoridades aborígenes que habitaban regularmente en sus comunidades, las que han sido abiertamente contaminadas por el uso de mercurio, sin que ninguna autoridad oficial ponga remedio a tan peligrosa actitud de la minería ilegal, contra la vida de muchas familias asentadas de siempre en zonas ahora peligrosas por la contaminación de mercurio que utiliza la minería ilegal ocupando irregularmente sus tierras.

Dirigentes aborígenes reclamando atención de las autoridades y lamentando la falta de solución a sus problemas, han reiterado un “clamoroso pedido” para que se dispongan medidas legales para evitar mayor contaminación de agua y suelos de sus comunidades, por parte de la minería ilegal que se asentó en zonas agro ganaderas, poniendo en peligro la producción de ambos sectores. Un caso que merece atención especial para garantizar derecho de comunarios en sus propiedades, donde pretenden instalarse productores mineros.

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