Dictan detención domiciliaria para policía investigado por violencia familiar

Pese a que la víctima de violencia a manos de un efectivo policial fue diagnosticada con 35 días de impedimento, presentó un documento de conciliación durante la audiencia cautelar, que fue evaluada por la justicia y determinó la detención domiciliaria del implicado.

El funcionario del “verde olivo”, habría agredido física y psicológicamente a su pareja en dos oportunidades el reciente 11 de mayo; la primera aproximadamente a las 05:00 y a las 08:00 horas del mismo día.

Los golpes y las agresiones psicológicas, provocaron que la víctima denuncie a su pareja en instalaciones de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) y luego la Fiscalía Especializada en Delitos en Razón de Genero inició la investigación por violencia familiar y/o doméstica.

“Dentro de este contexto, la víctima había sufrido una fractura de la muñeca derecha, en la cual, la médico forense ha determinado 35 días de incapacidad médico legal”, señaló el fiscal de materia de esta unidad, Ronald Vargas.

PROCESO

“Se ha compulsado elementos que han hecho a los riesgos procesales de fuga y obstaculización de este imputado, razón por la cual, previa valoración, se ha solicitado ante el Juez de Instrucción Penal Nº 2 la detención preventiva del imputado”, añadió.

Tras la fundamentación del fiscal y de la solicitud en la presente causa, durante la audiencia, la víctima mediante su abogado presentó un documento conciliatorio que fue importante para que el juez no lo remita al penal de San Pedro.

“El juez seguramente ha ponderado tanto el requerimiento del Ministerio Público, que lo único que busca esclarecer el hecho y salvaguardar la integridad de la víctima, pero también el juez ha ponderado el documento de conciliación presentado, razón por la cual se ha apartado de la decisión de la detención preventiva y ha impuesto medidas cautelares de carácter personal”, explicó Vargas.

Entre las medidas se encuentran la detención domiciliaria del imputado y la presentación de dos garantes. Dicha decisión fue apelada por la Fiscalía y se espera que, en una nueva audiencia por una Sala Penal, se decida la situación jurídica del funcionario público.

Fuente: LA PATRIA