Problemas de aplicación normativa en la minería

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Algo realmente preocupante y que merece un análisis y tratamiento de emergencia, es la aplicación de la Ley de Minería, aprobada el 2014 y que por los antecedentes expuestos por los productores mineros, no tiene utilidad práctica que haga viable mejores y mayores inversiones que impulsen la actividad minera.

Los productores mineros están limitados a sus propias inversiones, no siempre aptas para medianas y menos grandes inversiones sectoriales. Se reconoce que la potencialidad de la minería boliviana, en sus diferentes variaciones, constituye un “tesoro” de apreciable valor, yacente en varios sectores de nuestra territorialidad y formando un abanico de impresionante valor del que lamentablemente se aprovecha muy poco.

En cuanto a la minería chica y mediana del sector privado, las cosas tampoco son de las mejores, pues la limitación financiera también afecta la posibilidad de encarar proyectos cuyas inversiones exigen fuertes inversiones no siempre disponibles y además sujetas a una serie de restricciones aplicadas en ciertas normas contenidas en la Ley de Minería y poco favorables a iniciativas privadas para impulsar el desarrollo de proyectos de alta inversión y rendimiento minero.

La Ley 535 de Minería y Metalurgia, no es el instrumento idóneo para facilitar el crecimiento de la minería, al contrario según los “operadores mineros privados” constituye una traba a las inversiones y su aplicación carente de un reglamento limita el interés de mineros inversionistas que confrontan más dificultades que facilidades para emprender proyectos mineros de alta rentabilidad, con la incorporación de moderna tecnología y sistemas de seguridad ambiental en su implementación en sectores próximos a centros poblados.

Frente a una realidad en los procesos de inversión minera, con muchas restricciones y mínimo apoyo para implementar proyectos de moderno diseño, el sector privado exige que se cumplan las ofertas financieras de modo que se hagan viables varios proyectos, pendientes de resultados favorables en gestiones de orden legal, especialmente tributarias y que deberían cumplirse de acuerdo a la Ley 535 que en varios de sus artículos favorece a los “sujetos y actores productivos mineros”, garantizando el desarrollo de sus proyectos.

De ese modo es posible contrarrestar las obstrucciones que se producen por mala aplicación de la ley minera y el desconocimiento práctico de tal proceso.