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Cuando la culpa sobrecarga - Periódico La Patria (Oruro - Bolivia)
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Martes 26 de abril de 2022

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Martes 26 de abril de 2022
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Coronavirus: Reporte diario de Oruro con cifras “en cero” el lunes
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En Bolivia
Se mantiene tendencia de casos nuevos de Covid-19 por debajo del centenar
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En la U.E. “Sebastián Pagador”
Estudiantes pasan clases casi a la intemperie y con “lluvia” de heces de paloma
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Pese a que está prohibido
Venta de subsidio prolifera hasta en redes sociales
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Del 1 de enero al 21 de abril
Oruro encabeza lista de decomisos en ropa usada
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Fesorc declara cuarto intermedio al bloqueo en apoyo a Lequepampa
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Identifican Ley 1466 como origen del conflicto Lequepampa-Panduro
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Según proyección del INE
La población en Oruro será de 553.088 habitantes para el Censo 2022
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Senador Rodrigo Paz
El Censo 2022 será de los “ninguneados”
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EDITORIAL
Cuando la culpa sobrecarga
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Picados
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ARTÍCULO EDUCATIVO
Entornos virtuales en los procesos educativos
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Retracción en la educación básica y universitaria atribuible a la pandemia
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Piden abrogación del D.S. 4574
Turismo denuncia que normativa va contra la reactivación turística
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Tenían planos aprobados
FEPO denuncia avasallamientos en Parque Industrial de Huajara
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Con un solo de guitarra
Piraí Vaca evoca la fiesta de San Roque con la “Despedida de los Chunchos”
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Andamarca propone un encuentro departamental de música autóctona
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Necrológicos
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GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE ORURO
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Editorial y opiniones

EDITORIAL

Cuando la culpa sobrecarga

26 abr 2022

Está bien que la Defensoría exija una buena investigación y que el TSJ haga un mea culpa, que cambie las condiciones en que se ministra la justicia en el país, que las cosas cambien para bien y que los verdaderos culpables al menos devuelvan lo que le robaron al pueblo, además que sea una lección para que nadie vuelva a aprovecharse de las comunidades y de su inocencia y para eso también se debe mejorar la educación

Siete años soportó la injusticia, un hombre que denunció corrupción y fue encarcelado por delatar a quienes luego serían premiados con puestos en el Gobierno y en la administración pública, pero el Tribunal Supremo de Justicia, TSJ, no se enteró de nada hasta que Marco Antonio Aramayo falleció, luego del grave deterioro de su salud.

Pasó ese tiempo siendo trasladado de una cárcel a otra, estuvo igual en Pando que en Tarija, de un extremo al otro en 57 centros penitenciarios en total. Denunció torturas, amedrentamiento y fue sentenciado en más de dos ocasiones. Se desdoblaron sus juicios porque la detención preventiva no puede durar más de seis meses.

Fue todo lo que tuvo que soportar hasta su muerte, y recién la Defensoría del Pueblo también se pronuncia, señalando que hay que investigar la muerte de esta persona. Por si alguien aún no lo conoce, Aramayo fue director del Fondo Indígena, Fondioc, donde observó que dicho organismo había sido creado para algunos dirigentes y políticos que obtenían dinero a nombre de las comunidades indígenas, siendo la coartada ideal para tapar la corrupción con la que se hacían ricos.

Lo que llama la atención es que antes de su muerte nadie lo escuchaba y menos investigaron nada, al parecer el peso de la culpa por esta vida que se perdió es tal que recién todos piden que se indague si hubo o no tortura, si hubo negligencia en el cuidado de su salud y finalmente llegó el tiempo de buscar culpables para lavarse las manos y la cara por esta pérdida.

Sin embargo, también hay que investigar qué pasó con ese dinero robado, quién lo está disfrutando ahora, pues todo apunta a quienes en la actualidad gozan del estatus de autoridades, al menos la mayoría de los implicados.

Lo peor o lo más triste es que tantas obras prometidas quedaron en nada, y las comunidades fueron las pagaderas de toda esa corrupción, pues se pidió dinero en su nombre y ahora no tienen obras, pero siguen confiando en esa gente que les dejó sin lo que les correspondía.

Volviendo al caso de Aramayo, también se perdió esa vida y toda vida es valiosa, por lo que se tiene que llegar al fondo del asunto, aunque es como un secreto a voces, todo señala hacia el lado de que se buscaba anular a esta persona porque descubrió la corrupción de la que se negó a formar parte, aunque está difícil que los culpables acepten su responsabilidad en ese fallecimiento.

Está bien que la Defensoría exija una buena investigación y que el TSJ haga un mea culpa, que cambie las condiciones en que se ministra la justicia en el país, que las cosas cambien para bien y que los verdaderos culpables al menos devuelvan lo que le robaron al pueblo, además que sea una lección para que nadie vuelva a aprovecharse de las comunidades y de su inocencia y para eso también se debe mejorar la educación.

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