Preocupa el deterioro del Correo

Al parecer los edificios y otros bienes del Estado, que son de dominio público y todos los bolivianos y las bolivianas, tenemos derecho a visitar, fotografiar y hasta fiscalizar las condiciones en las que se encuentran, pero últimamente, los funcionarios que trabajan en diferentes reparticiones estatales han creado una especie de feudo o piensan que son instituciones privadas y señalan que “se debe pedir permiso por escrito” para solicitar información o siquiera tomar fotografías, no sólo por dentro, sino de la misma fachada.

Ayer, por esta misma columna, se ilustraba la situación de la Defensoría del Pueblo, donde los funcionarios se niegan a dar información, y no sólo exigen que sean las víctimas de feminicidio quienes se aproximen a recabar la, sino que deben hacerlo por escrito.

Tanto los funcionarios como las autoridades, olvidan que ellos no trabajan para un jefe en particular, pues no se trata de una empresa privada, sino que se deben a la ciudadanía de todo el territorio boliviano, y están en la obligación de informar y rendir cuentas de todo cuanto se hace con los bienes del Estado.

LA PATRIA, mediante fotografías mostró el estado de deterioro en que se halla el edificio del Correo, que inclusive se constituye en un peligro para la encargada y su ayudante, quienes trabajan en dicho edificio.

Pero la denuncia no se hizo con el afán de molestar a la señora, ni para meterla en problemas ante sus superiores, sino para que alguien se haga responsable de la refacción y restauración de esa edificación que además tiene categoría de patrimonial, es decir, debe ser protegida y preservada.

Dicho sea de paso, LA PATRIA también buscó una respuesta en el alcalde orureño, Adhemar Villcarani, sobre la idea de pedir la expropiación de la Casa de Correos y Telégrafos, como se llama originalmente la edificación, pero aseguró que no es su tuición, sino que le corresponde al Gobierno nacional su restauración y refacción.

Alguien debe hacerse cargo de los arreglos del Correo, para evitar que se caiga y que se pierda dicho patrimonio, tan valioso para los orureños, según el Ejecutivo Municipal, corresponde al Servicio Nacional de Patrimonio del Estado (Senape) hacerlo.

Por desacuerdos, Oruro no cuenta con un Comité Cívico oficial que defienda sus intereses y reclame por el deterioro de su patrimonio y de sus bienes públicos, por lo tanto LA PATRIA tomará la posta y hará el respectivo seguimiento hasta que se logre la restauración y refacción de este tesoro de la ciudad, ya que si hay dinero para construir obras monumentales que no tienen ninguna función y no brindan ningún beneficio, también tiene que haber para salvar un patrimonio tan valioso de los orureños.