Áñez cumple un año en la cárcel a la espera del inicio de un juicio oral

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Con tres casos en su contra, dos de ellos de avance lento y uno a puertas de iniciar el juicio oral el 28 de marzo de este año, la expresidente Jeanine Áñez, cumple este domingo un año detenida de manera preventiva en el Centro de Orientación Femenina de Miraflores de la ciudad de La Paz.

Áñez fue aprehendida el 13 de marzo de 2021 en la ciudad de Trinidad, luego fue imputada por los casos golpe I, en el que se la acusa de presunto terrorismo, sedición y conspiración; y por el golpe II, que es imputada por asumir la Presidencia de manera presuntamente inconstitucional en noviembre de 2019, después de la renuncia de Evo Morales, quien escapó a México después de que la Organización de los Estados Americanos (OEA) lo acusara de incurrir en fraude en los comicios de ese año.

CÁRCEL

La exmandataria fue enviada a la cárcel inicialmente por cuatro meses, luego se ampliaron a seis y, recientemente, por otros tres más.

“Le aplicaron de una forma amañada las medidas cautelares. En todos los procesos han ido ampliándole la detención preventiva. Por eso ya es un año del secuestro que vive Jeanine Áñez por parte de la justicia masista”, denunció Jorge Valda, uno de los cuatro abogados que integran la defensa de Áñez.

El juicio oral por el caso donde se la acusa por los supuestos delitos de resoluciones contrarias a la Constitución Política del Estado (CPE) y las leyes, e incumplimiento de deberes, que habrían sido cometidos previamente a la posesión como jefa de Estado en noviembre de 2019, se iniciará el 28 de marzo.

Los querellantes en este proceso son el procurador General del Estado, Wilfredo Chávez; el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, y su par de Justicia, Iván Lima, además del presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, todos ellos del Movimiento Al Socialismo (MAS).

ARGUMENTOS

Los argumentos del Gobierno para enjuiciar a Áñez son: Que ella en su calidad de senadora se habría autoproclamado Presidente “sin quórum” en la Asamblea Legislativa y sin respetar los procedimientos constitucionales para asumir el cargo.

Los días previos al 12 de noviembre de 2019, fecha del inicio del interinato, los directivos de la Asamblea Legislativa, miembros del oficialismo, renunciaron a sus cargos y denunciaron que fueron obligados a hacerlo para proteger su integridad y la de sus familias. Más tarde algunos admitieron que siguieron órdenes de su propio partido para renunciar.

Asimismo, el Gobierno arguye que el expresidente Evo Morales renunció por la presión y la convulsión social propiciada por los dirigentes cívicos, además que ya no tenía la protección de la Policía y de las Fuerzas Armadas (FF.AA.), que se habían amotinado e incluso sugirieron dimitir de su cargo al entonces mandatario.

“Yo creo que Áñez es la prueba de todo el proceso de sedición. Ella peca de tonta porque nadie la respalda y ninguno de esos que la utilizaron no la respalda. Ella termina siendo la prueba de todo el proceso de sedición y golpe de Estado”, aseguró el exsenador del MAS, Omar Aguilar.

Una de las críticas a este juicio y denunciado por las mismas víctimas es el manejo de la imagen de los afectados en las masacres de Senkata, Sacaba y Huayllani para impulsar esta demanda.

Los familiares de las víctimas denunciaron que están a la espera de un juicio específico para encontrar a los responsables e identificar a quiénes dispararon, hirieron y detuvieron en la ciudad de El Alto.

“Lo que sí debería hacer el Gobierno actual es esclarecer y pensar en las víctimas de la masacre. ¿Qué han hecho por nosotros, quién se preocupa por nosotros?, nadie. Bien nos usan cuando les conviene, para cualquier actividad, nos usan como banderas”, reclamó la representante de los detenidos de Senkata, Marcela Calle.

Al respecto, el senador del MAS, Rubén Gutiérrez explicó que la denuncia tiene una relación de causa y efecto. Por tanto, las masacres serían consecuencia de la presunta autoproclamación. Señaló que no pueden interpretarse de manera aislada.

DEFENSA

Para la defensa de Jeanine Áñez, el Gobierno no ha demostrado de forma efectiva y creíble la presunta autoproclamación. Alegan que su defendida sufre de supuesta persecución política y está a merced de una justicia “servil” al partido de Gobierno.

Sobre los procesos, el jurista Jorge Valda indicó que el caso golpe II fue abierto para subsanar los errores del caso golpe I. Denunció que Áñez nunca declaró para el segundo caso y solo utilizaron la primera declaración en la denuncia interpuesta por la exdiputada del MAS, Lidia Paty.

También afirmó que los argumentos del Gobierno son los mismos en ambos casos y, pese a ello, no se reduce a un solo proceso y se le amplía de manera irregular la detención preventiva, según reportó el diario El Deber.

Las pruebas presentadas por Áñez en el proceso por resoluciones contrarias a la ley son el reconocimiento del Tribunal Constitucional, cuando a solo minutos de su proclamación dio su respaldo legal a la sucesión constitucional en el marco de la Sentencia Constitucional 0003/01 del 31 de julio de 2000, que se sustenta en la “vacancia” del Presidente.

La defensa menciona que también, mediante la promulgación de la Ley de Elecciones 2020 con la venia de la Asamblea Legislativa, se constata el reconocimiento de su mandato.

Valda afirmó que tanto el Órgano Electoral Plurinacional (OEP) como el mismo Fiscal General del Estado admitieron a Áñez como Presidente. En el caso de Juan Lanchipa, este habría presentado un informe el 8 de octubre al Legislativo reconociendo a Jeanine como mandataria.

“Todas esas autoridades el TCP, OEP, Asamblea, Fiscalía reconocieron la legalidad y la institucionalidad de la asunción de mando de Áñez. El mismo Luis Arce dijo en una entrevista pública, cuando le preguntan si la asunción era constitucional o ilegal, el respondió que fue constitucional. Luego lo niega, pero esa es la hipocresía del masismo”, detalló Valda.

Fuente: LA PATRIA