Gobierno no tiene otra salida que anular la Ley 222 o correr la suerte que Sánchez de Lozada

Bolivia empieza nuevamente a arder. Tal como anticipamos en los anteriores artículos en sentido de que en Bolivia hay una ebullición de un nuevo levantamiento social, hoy éste ha entrado a una fase de violencia policial y social. Se producen violentos enfrentamientos en La Paz entre policías y manifestantes. Existen heridos de ambos lados. También se producen acciones violentas de parte de grupos allegado al gobierno en San Ignacio de Moxos en contra de las radios comunitarias, etc.

Este es el tema detonante del actual estado de crispamiento social en Bolivia. A esto ahora se suman salubristas, maestros, estudiantes universitarios, aunque aprovechan de la misma los transportistas, los bloqueos esporádicos de comunidades y ayllus entre Patacama-Tambo Quemado (camino internacional que comunica con Chile) y de muchos otras regiones. De su parte la IX marcha está retenida por bloqueos que realizan gente del MAS en San Ignacio de Moxos y sus inmediaciones.

En este tema en semanas pasadas se denunció que el ministro de la Presidencia Juan Ramón Quintana había ordenado bloquear estas rutas para no dejar pasar la marcha indígena originaria que tiene connotaciones históricas muy novedosas. Es una movilización histórica porque está en la acción los movimientos indígenas de la Amazonia y los movimientos originarios de los Andes. En otras palabras es una movilización conjunta entre los ayllus y las capitanías, dos sistema de organización matricial en los Andes y la Amazonia.

La plataforma de lucha sube de tono. Ya no sólo se pide abrogar la Ley N. 222, además de pedir el respeto a los derechos indígena originario consagrados en la nueva Constitución, sino también se exige la anulación de la Ley anti-indígena de Deslinde Jurisdiccional que minoriza al igual que en la colonia la justicia indígena originaria frente al sistema ordinario, se pide parar la Ley de Minería que está en pleno proceso de elaboración que afectará gravemente a los ayllus y comunidades campesinas de los Andes similar al que ocurre en Cajamarca y otras regiones del Perú. Incluso surgen voces que piden la renuncia del Presidente Evo Morales y García Linera. Aquí cabe también incluir en que se debe anular el Decreto Supremo N. 1202 que da 30 dólares por barril producido a las transaccionales petroleras como “incentivo”, (2) un hecho absolutamente contrario a la idea tanta veces vociferada de la nacionalización de los hidrocarburos.

De agravarse esta situación inicial el Gobierno tendrá solamente dos caminos. O derogar la Ley N. 222 o correr la misma suerte que el neoliberal Sánchez de Lozada. Y ello implica entrar a otro escenario social y político. Al parecer los actuales gobernantes que sostienen ser el “gobierno de los movimientos sociales” han olvidado fácilmente que cuando la gente se moviliza y cuando tiene razón, es incontenible. Antes de la caída Sánchez de Lozada hubieron grandes movilizaciones, levantamientos sociales, y demostraciones simbólicas de rechazo y crítica a aquel régimen, que finalmente el 17 de octubre de 2003 tuvo que huir del país rumbo al territorio del imperio norteamericano hasta el día de hoy.

También es importante recordar que en ese momento los aymaras y quechuas del altiplano y valle eran los actores centrales de tal hecho, hoy son otros los actores, aunque el Conamaq (Consejo Nacional de los Ayllus y Markas de Qullasuyu) sigue siendo parte de aquella lucha en los Andes, una expresión de una gran diversidad de nacionalidades que viene justamente antes de la colonia igual que las organizaciones de los pueblos de la amazonia o el oriente. Es decir, son preexistentes a la colonia y a la república como sostiene el artículo dos de la nueva Constitución. Y es bueno decir también que entre el año 2000 y 2005 hubo cinco levantamientos sociales, un promedio de un levantamiento por año. Con todo ello estamos demostrando que el hecho no es como sostiene el gobierno de que hay un grupo minoritario detrás de las movilizaciones e incluso financiado por los viejos grupos de poder. Si no el hecho es de tal gravedad hoy en Bolivia.

Aquí cabe una pregunta histórica. ¿Qué se viene después del 25 de abril en Bolivia? Esta es una pregunta sin respuesta. Aunque se puede adelantar hipotéticamente varios escenarios posibles. Una primera es que se abrogue, se anule, la Ley 222 que daría paso a una definitiva deposición de la construcción de la carrera por el Tipnis. Dos, se convierta en una gran convulsión social que puede tornarse incontrolable para el gobierno pese a que cuenta con respaldo de varios sectores campesinos. Tres, la llamada derecha o los viejos grupos de poder aprovechen el hecho para tratar de volver al gobierno como siempre han pregonado durante todo este tiempo. Cuatro, Evo y García tengan que renunciar a sus cargos. Cinco, un escenario de una nueva revolución social pero con grandes contrastes entre los propios actores por la diversidad de organizaciones que aquí intervienen.

Esto se resumiría en tres grandes escenarios centrales posibles. Pues muchos y los propios movimientos indígenas originarios de la Amazonia y los Andes no proclaman tumbar al gobierno de Morales-García, si no dejar entender claramente que los gobernantes están ahí porque la gente lo quiso así. Dejar entender que el poder no tienen ellos, sino la sigue teniendo los pueblos en lucha. La soberbia, la tozudez, la criminalización, la judicialización, la traición, no tienen cabida. Esto hablaría de que la sociedad movilizada sigue en pos de un real y efectivo trastrocamiento del orden colonial y liberal en actual vigencia en el Estado y en el Gobierno.

Dos, lo anterior significaría que se tiene que re-direccionar ahora sí o sí el llamado proceso de cambio o la lucha contra el sistema civilizatorio de la expropiación de los recursos naturales de los pueblos que habitan Bolivia. Lo cual tendría que modificar radicalmente el escenario del momento actual por una nueva radicalización de la lucha social pero con una autoridad moral muy claro como son los pueblos indígenas originarios de los Andes y la Amazonia. Si se produjese esta radicación pues podría ir ahora en pos de la reversión y expropiación de las tierras latitudinarios aún en manos de los terratenientes y agroindustriales del oriente del país, por una nueva nacionalización de los recursos naturales, un trastrocamiento del orden estatal, por otro orden social, la anulación de varias leyes y artículos de la propia Constitución que son flagrantemente contradictorias al proceso revolucionario. Del mismo modo esto sería el trastrocamiento del poder hoy vigente por otra lógica de Gobierno que sea parte constitutiva de otra civilización social. Bueno algunos de estos tal vez estén fuera de los alcances reales, pero es lo que se tendría que dar si es que entramos a este otro escenario histórico.

O finalmente el tercer gran escenario es que el Gobierno controle la situación y continúe por tanto con el actual proceso histórico del control y criminalización de la lucha social. Es decir, un proceso donde la lucha social esta criminalizado, los dirigentes perseguidos, una especie de gobernanza entre la llamada derecha e izquierda, y la construcción efectivamente de la carreta por el Tipnis.

Si este último no se da es que hemos entrado a otro momento histórico. Y ahí es importante estar preparados. Por experiencia histórica sostenemos que como en el caso del levantamiento de la ciudad de El Alto y las provincias aymaras de 2003, no se tenía un nuevo plan o proyecto histórico en manos. Y fue la causa de la derrota de este hecho histórico. Dados que después de aquel hecho sin duda histórico volvimos al sistema liberal de las elecciones que es básicamente es reformar y atenuar el momento crítico por el orden social dominante.

Notas:

(1) Carlos Crespo, Apuntes sobre la consulta pública. II Batalla por el Tipnis http://www.bolpress.com/art.php?Cod=2012042407 (24/4/2012)

(2) D.S. 1202, Incentivo a la producción de hidrocarburos, 18 de abril de 2012. www.HidrocarburosBolivia.com (24, 4/2012).

(*) Sociólogo aymara

Tomado de Bolpress.com