En Bolivia la justicia está lejos de la gente

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“En Bolivia la justicia está lejos de la gente”, fue una de las conclusiones preliminares a la que llegó el relator especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para la independencia judicial, Diego García-Sayán, luego de estar en Bolivia con el objetivo de hacer una evaluación del sistema de justicia que hay en el país.

Al término de su visita brindó un informe preliminar en el cual planteó sus observaciones al sistema de justicia, tras reunirse con autoridades de Gobierno, representantes políticos, autoridades judiciales, departamentales y sectores sociales.

CONFERENCIA

Antes de irse del país, brindó una conferencia de prensa en el Hotel Presidente de La Paz y emitió varios criterios preliminares acerca de su visita de la información que recogió de los sectores con los cuales se entrevistó, observando incongruencias en el sistema judicial del país y mencionando casos específicos de hechos que causaron repercusión nacional, como la del feminicida y agresor sexual serial.

CONCLUSIONES

García-Sayán dijo que hay restricciones para el funcionamiento de la justicia indígena y recomendó revisar la Ley de Deslinde Jurisdiccional vigente desde el 2010.

PRIVADOS

Los privados de libertad no estuvieron ausentes en las observaciones del Relator de la ONU y afirmó que el hacinamiento en internos en Bolivia es del 349% y sugirió que solo estén en los recintos, personas condenadas o aquellos que cometieron delitos “muy graves”.

En lo referente a la expresidente de Bolivia, Jeanine Añez, indicó las dificultades que tiene para que sea atendida en un centro hospitalario y afirmó que es el Estado que debe ser responsable de su integridad física.

Sobre la estructura del Órgano Judicial, el funcionario de la ONU dijo que Bolivia tiene al menos mil jueces para su dimensión y su presupuesto es muy bajo. Añadió que no existe una carrera judicial en Bolivia, porque la mayoría de jueces son transitorios y hay restricciones.

Criticó la labor del Ministerio Público por las limitaciones en el acceso a información, incluso para familiares de víctimas.

Observó que en Bolivia, no hay legislación de acceso a la información pública, como una pieza esencial de un Estado democrático.

Sugirió el fortalecimiento del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), que hoy día puede cubrir sólo el 10% de los municipios del país, con lo cual la investigación de delitos se torna prácticamente en inviable.

También señaló que hay “graves” violaciones a los derechos humanos ocurridos en el país luego de la crisis del 2019, sin soluciones ni avance en las investigaciones.

El Relator dijo que no hay legitimidad en la elección de magistrados, pese a haber sido elegidos mediante voto popular.

Fuente: LA PATRIA