Una campaña permanente sobre el cumplimiento de obligaciones tributarias exhorta al ciudadano común a exigir factura por toda transacción que haga, como una forma de asegurar su contribución al Estado, insistiendo además con una campaña mediática a pagar impuestos porque con esos recursos el Gobierno hace obras para la comunidad.
Lo cierto es que en los últimos años verdaderamente se ha cambiado la mentalidad del boliviano con relación a las obligaciones tributarias de modo tal que mejora en cierto modo lo que se denomina como “cultura tributaria”, aunque todavía no han sido aprendidas todas las lecciones y existen serias dudas sobre algunos temas que se relacionan con la contribución ciudadana, más específicamente voluntaria que presionada.
Exigir factura por toda compra que se haga y en cualquier comercio puede ser una parte de ese aprendizaje tributario, pero las preguntas surgen cuando el mismo “ciudadano común”, se pregunta para qué le sirve haber obtenido una factura si el papelillo generalmente se pierde entre muchos otros sin valor, para otros contribuyentes resulta que la nota fiscal, si no es de un determinado rubro, no le sirve para efectuar un descuento que alivie el pago de su impuesto, por tanto, tampoco sirven todas las facturas y a veces resulta que la tentación de comprar más barato “sin factura” vence el criterio de ser buen contribuyente.
Se recuerda que en el proceso de implantar un adecuado sistema tributario ya en una de las gestiones del estadista y presidente Víctor Paz Estenssoro se aplicó la mentada Ley de Reforma Tributaria 843, reordenando el conducto de tipo impositivo y el uso de una serie de formularios, logrando según se comenta burocratizar el sistema, pero sin alcanzar plenamente el objetivo de cambiar también la mentalidad tributaria de los bolivianos.
Aún en el presente se mantiene interrogantes muy precisas sobre el destino de los impuestos, que según las autoridades de Gobierno retornan al pueblo en una serie de obras, educación, salud, infraestructura caminera, pero también se sabe que sirven para cubrir la millonaria planilla laboral de la administración pública.
Otro problema es que un porcentaje de la población, radicada especialmente en las ciudades, es la que contribuye al fisco y lo hace con ciertas distorsiones por los regímenes vigentes, como el denominado “simplificado”, en el que se registran hasta los millonarios comerciantes del contrabando y el comercio informal, dejando la parte dura de los tributos a los industriales y comerciantes legalmente establecidos que además de tributos deben lidiar para sostener sus negocios, pagando alquileres, servicios, empleados y otras obligaciones, en tanto que los ciudadanos del área rural están marginados de la obligatoriedad tributaria, pero son receptores de los beneficios tributarios en varias obras.
Pasa el tiempo y mientras la oficina recaudadora de impuestos efectúa una serie de operativos de clausura de negocios legales por no emitir facturas, un batallón de ilegales capitalistas e informales comerciantes son responsables de una millonaria evasión tributaria, sencillamente porque no se definen los sistemas y regímenes impositivos adecuados para que se universalice el pago de impuestos en función a los ingresos de empresas y personas, de forma totalmente equitativa y regularmente efectiva, respondiendo a un proceso de asimilación del sentido exacto de la cultura tributaria.
Fuente: La Patria
Para tus amigos:
¡Oferta!
Solicita tu membresía Premium y disfruta estos beneficios adicionales:
- Edición diaria disponible desde las 5:00 am.
- Periódico del día en PDF descargable.
- Fotografías en alta resolución.
- Acceso a ediciones pasadas digitales desde 2010.