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Warning: session_start(): Cannot start session when headers already sent in /home/lapatri2/public_html/impresa/index.php on line 8 Trabajadores y servidores públicos - Periódico La Patria (Oruro - Bolivia)
La actual Ley General del Trabajo (LGT), que fue promulgada en el gobierno de Enrique Peñaranda el año 1942, ha sufrido algunas adecuaciones en su larga vida de 70 años, aunque su contenido social y la base de su objetivo en beneficio de los trabajadores se mantiene inalterable, de ahí que por ejemplo al presente los médicos y trabajadores en salud, propugnen con sus medidas de presión su incorporación a esa ley si se les exige el cumplimiento de las ocho horas diarias de trabajo.
Otros hechos connotativos en relación a la vigencia del instrumento que norma la actividad laboral en el país, se da también con el movimiento generado por la Central Obrera Boliviana (COB), el máximo organismo del sector laboral, que demanda un justo incremento de salarios como lo plantean también los trabajadores de la educación.
Las Leyes hay que cumplirlas, reflexionan las autoridades de gobierno, pero no lo hacen exactamente cuando se trata de evitar que algunos sectores ejerzan presión con medidas radicales, como las huelgas, las manifestaciones y por una continuidad de ejemplo también los bloqueos y hasta las marchas forzadas recorriendo muchos kilómetros para protestar en el centro político del país, la ciudad de La Paz.
Resulta sin embargo que hay un enorme contingente laboral que no puede acudir a ninguna medida de presión, bajo la amenaza de una segura destitución por infracción a otra ley que se incorporó a la principal y que rige desde octubre de 1999 aprobada en la gestión de Banzer Suárez, que “buscaba llevar a los empleados públicos a un marco de trabajo de acuerdo con el siglo XXI, donde su trabajo se respete”. El efecto de esa medida fue una renuncia obligada a los derechos laborales y una transformación del status del trabajador de la administración pública a “servidor público”, pero sin derechos y bajo sometimiento a la línea política de turno. No fue más que eso.
Con el correr del tiempo, la LGT sigue vigente, con añadidos incompletos e incumplidos, como en el caso de los “servidores públicos” que están prohibidos de reclamar sus derechos, como podría suceder con la creación de empresas estatales, factorías regulares, donde los trabajadores deberían ejercer su derecho a sindicalización. Un ejemplo que pone en tela de juicio ese proceso de gobierno, servidores públicos y la LGT, que se da en la mina más grande que administra el Estado, el caso de Huanuni, donde cinco mil trabajadores ejercen sus derechos laborales.
Cuando las demandas sociales afloran y cuando un sector como el de los médicos debe cumplir ocho de trabajo, pero incorporados a la LGT, es que se recuerda que las instituciones descentralizadas del Estado, tienen un régimen especial que reconoce derechos igualitarios para todos los trabajadores los que pueden organizarse en sindicatos, porque existe la relación entre patrono y obrero, aunque sea el Estado que oficie de empleador.
Algunas autoridades muestran total confusión en torno a la aplicación de la LGT y algunas medidas colaterales que limitan los derechos laborales de los denominados “servidores públicos”. La solución debería partir en el reconocimiento pleno de la Ley, un paso importante que ya puede darse con voluntad política por encima de intereses sectarios.
Fuente: La Patria
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