Defensa al Consumidor descarta sanciones a personas no vacunadas

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El viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y Consumidor, Jorge Silva, lamentó ayer que se hayan distorsionado sus palabras respecto a la aplicación voluntaria de la vacuna contra el coronavirus y recordó que existen disposiciones de bioseguridad que se deben respetar en el marco del derecho a la salud de todas y todos. Descartó sanciones a personas no inoculadas.

“Lamento que se distorsione, en ningún momento hemos dicho que se va a meter a la cárcel a quienes no se vacunen”, subrayó la autoridad en conferencia de prensa.

El Viceministro explicó que el Decreto Supremo 4640, promulgado el pasado jueves, respeta el carácter voluntario de aplicación de la vacuna, ya que en caso de no contar con el documento se solicitará la prueba PCR como parte de las medidas de contingencia y control de la pandemia que a la fecha cobró la vida de 19.554 compatriotas, con un promedio de 1.500 infectados por día.

Reiteró que la vacunación es universal, gratuita y voluntaria.

Las palabras de la autoridad fueron malinterpretadas y descontextualizadas luego de ser entrevistado el domingo en Bolivia TV, donde indicó de manera general que de acuerdo con el artículo 216 del Código Penal de 1972, los delitos contra la salud pública pueden ser sancionados con uno a 10 años de privación de libertad. Actores de la oposición usaron la tergiversación para lanzar ataques políticos en contra del proceso de vacunación.

El Viceministro no señaló en ningún momento, de manera textual, que la no aplicación de la vacuna Covid-19 signifique diez años de cárcel como titularon algunos medios de comunicación.

Silva manifestó que la población debe ser parte activa del control de la pandemia con acciones responsables. “Es obligación de gobernantes y gobernados no bajar la guardia, todo lo contrario”.

“Apelamos a la actitud responsable de la ciudadanía para continuar con todas las medidas de prevención y contener el avance de la pandemia”, dijo.

Asimismo, manifestó que las autoridades municipales y departamentales deben asumir sus competencias en el control de las medidas de bioseguridad, aforo y horarios de funcionamiento.

“El ingreso, control y supervisión de las actividades de los recintos públicos, privados sujetos a autorización gubernamental deben ser aplicados por los municipios y gobernaciones en sus jurisdicciones para garantizar la salud de los bolivianos”, acotó.

Fuente: LA PATRIA