Canaza pide libertad y periodistas intervención de las FF.AA.

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A pesar de haber sido identificado plenamente por un testigo, tener antecedentes criminales en otro caso de avasallamiento violento que incluye una segunda orden de aprehensión; el único detenido por el Caso “Las Londras”, Heber Sixto Canaza, pedirá este jueves 23 de diciembre, la cesación a su detención por seis meses, ordenada por el juez cautelar Roberto Hurtado.

Esa situación ocurre en vísperas de haber remitido al cuadernillo de investigaciones, un informe policial que habla de la peligrosidad de la organización de Interculturales de San Julián, afín al Movimiento Al Socialismo (MAS), a la que pertenece, a la que responsabilizan de haber tomado como rehenes a dos uniformados y provocar disturbios el 24 de noviembre cuando una comisión de fiscales de Santa Cruz acudió a ejecutar cuatro mandamientos de apremio, entre ellos el de Canaza, de sindicados del secuestro y tortura de seis periodistas y policías, el 28 de octubre pasado.

AUDIENCIA

El pedido de libertad ocurre cuando ayer el jefe de la Policía de la Chiquitanía, coronel Jaime Rolando Aguirre remitió ante la comisión de fiscales un informe sobre los hechos ocurridos durante la detención de Canaza, el 24 de noviembre, que incluye la toma de dos policías como rehenes por los comunarios interculturales de San Julián y la exigencia que la audiencia cautelar se efectúe en ese municipio situado en la provincia Ñuflo de Chaves, distante a 170 kilómetros al Este de Santa Cruz.

El informe tiene como origen el relato del coronel Nicanor Oscar Curcuy, comandante provincial de San Julián, quien dice que los citados comunarios tomaron el puesto policial de Los Troncos y se llevaron como rehén al sargento Rudy Crispín Alavi de la Policía Caminera a quien lo trasladaron a las oficinas de la Federación de Interculturales.

“Enterado del hecho me fui a dialogar con los interculturales, pero ellos me dijeron que estaban molestos por la detención de Canaza, me obligaron a subir a una vagoneta tipo Noha, marca Toyota color plomo y me privaron de mi libertad”, dice Oscar Curcuy, según el informe.

Al final los dos policías lograron ser liberados y el coronel Nicanor Curcuy identificó a Paulino Camacho Vedia, como el principal instigador de los hechos, negando también que éste se haya presentado ante su autoridad con la finalidad de declarar como lo manifestó ante un medio de comunicación. Camacho admitió ser quien aparece en las imágenes captadas por los periodistas como el encapuchado armado que destrozó a balazos la cámara del periodista de la Red ATB, pero que ahora permanece en libertad.

En la oportunidad, los fiscales de la comisión fueron atacados a balazos por los comunarios y tuvieron que escapar con las llantas pinchadas por los proyectiles.

Los fiscales de la comisión investigadora del caso, Roberto Ruiz, Delmy Guzmán y Walter Cisneros, ratificaran hoy en la audiencia, que el juez Roberto Hurtado, actuó correctamente al emitir la detención preventiva, considerando que Canaza fue identificado como uno de los autores del hecho, el peligro de obstaculización de la justicia y el antecedente que tiene otro mandamiento de aprehensión de fecha 26 de julio del 2021, emitido por el entonces fiscal de Guarayos, Groberdt Vega Lobo, por su participación en otra toma violenta de predios a la familia Barbery.

El artículo 233 del Código de Procedimiento Penal señala que la detención preventiva de un imputado ocurre cuando existen indicios de la existencia de elementos de convicción suficientes para sostener que el imputado es, con probabilidad, autor o partícipe de un hecho punible; la existencia de elementos de convicción suficientes de que el imputado no se someterá al proceso u obstaculizará la averiguación de la verdad, elementos que fueron tomados en cuenta por el juez Roberto Hurtado.

La abogada defensora de los periodistas, Raquel Guerrero, informó que ha pedido ante la comisión de fiscales, la intervención de las Fuerzas Armadas, para que coadyuven con agentes policiales en el montaje de un mega operativo, dada la peligrosidad de los implicados, y procedan a la ejecución de los mandamientos de aprehensión que existen y de una vez desarticulen ese grupo armado que sigue operando en esa zona.

El presidente de la Asociación de Periodistas, Roberto Méndez, dijo que el gobierno no puede permitir que grupos irregulares operen en territorio nacional sin Dios ni ley, e instó al gobierno a medir la magnitud de los hechos y considerar el tema como un asunto de seguridad nacional.

Fuente: LA PATRIA