Miercoles 25 de abril de 2012
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Los cambios que se están dando en la política económica del gobierno están confundiendo los roles de los poderes del Estado, y quizá terminen creando una gran confusión.
Seis años, seis largos años estuvo el Parlamento plurinacional redactando en idioma castellano (por lo menos esa era la intención) la nueva ley de hidrocarburos y el nuevo código de minería.
El avance era lento, no tanto por la complejidad de los temas como por los cambios de orden que llegaban del Ejecutivo. Es que llegaban leyes urgentes, mucho más importantes para el país que una simple legislación sobre petróleo y minería, y los parlamentarios debían interrumpir su trabajo.
Las leyes que tenían prioridad suprema eran las que contenían algún detalle que pudiera reducir la libertad de expresión y violar la ley de imprenta.
Los parlamentarios expertos en hidrocarburos y minería debían dejar en suspenso sus tareas sobre esas dos leyes y dedicarse a las otras, a las urgentes.
Pues han pasado casi siete años de ese ejercicio y ahora desde el Ejecutivo surgen decretos que van definiendo lo que será la política petrolera y minera.