Se requiere una política minera renovada que impulse al sector

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En el último tiempo factores originados en la dinámica comercial internacional de la compra y venta de minerales, desde los comunes hasta los estratégicos son el resultado de “grandes necesidades” de países altamente industrializados urgidos de producir ciertas materias primas de consumo masivo y mucha demanda para cubrir las contingencias de una descomunal competencia productiva insatisfecha en mercados de fuerte presión financiera.

Como exponen los estudiosos del problema, se trata de un “fenómeno” coyuntural en el gran comercio mundial, alentado precisamente por la competencia de las grandes potencias, preocupadas en sostener el aprovisionamiento comprometido en los grandes centros proveedores de la materia prima necesaria para la producción de la más variada mercadería, desde alimentos, ropa, insumos de hogar, equipos, medicinas, aparatos tecnológicos y una increíble gama de los más variados insumos que se pueda tener idea. Todo en el gran negocio de la producción.

En el marco histórico referencial, los productores mineros, incluso autoridades de la minería estatal, recuerdan que bajo la normativa del Código de Minería de 1997 se registró un interesante crecimiento del sector, especialmente privado que logró atraer el interés de ciertas empresas de inversión minera para el desarrollo de algunos proyectos que no prosperaron mayormente, por factor tiempo, pues en la gestión 2014 del gobierno de Evo Morales se promulgó la Ley de Minería y Metalurgia, que puso freno a las inversiones y paralizo algunos proyectos de exploración y explotación minera, lo que significó un retroceso en la tendencia de capitalizar las actividades mineras.

Ese periodo de auge “coyuntural” como lo califican los expertos, se derrumbó en cuanto se promulgó la Ley de Minería y Metalurgia el 2014, eliminando todas las prerrogativas que pudieran atraer más capitales. Las empresas mineras extranjeras abandonaron el país, mientras que pretendiendo salvar el sector minero estatal, surgió la idea de “refundar” la Corporación Minera de Bolivia, Comibol, la estatal minera, que en todo caso necesitaba una reestructuración de su organización, haciéndola técnicamente operable y administrativamente eficiente para encarar el reto de salvar la minería, lo que no sucedió entonces y tal parece, tampoco es posible en este tiempo.

El problema del presente, es la carencia de normativas claras que de manera especial garanticen las inversiones, eliminen el riesgo de intervenciones u otras formas de alterar el trabajo y seguridad de emprendimientos privados, que dicho sea de paso, aún no se “activan” precisamente por la falta de normas que den seguridad jurídica a las empresas inversionistas para el desarrollo de sus actividades mineras, en un marco de respeto a la legalidad instituida.

La minería se considera uno de los factores estratégicos más importantes para el desarrollo de nuestra economía, tomando en cuenta además un periodo a nivel internacional, con una considerable mejora en su consumo mundial y el alza de precios en los minerales.

Es un periodo excepcionalmente positivo que debe ser aprovechado convenientemente, con la aprobación y aplicación de normativas, jurídicamente respaldadas para devolver confianza y seguridad a las inversiones mineras – que están a la vuelta de la esquina - aún se hacen esperar ante la demora oficial en la elaboración, análisis y aprobación de un conjunto de normas que hagan viable la presencia y asentamiento de empresas mineras inversionistas para la ejecución de proyectos de alta minería, como los que se observan casi cotidianamente en los países vecinos, incluso algunos con menor potencial que el nuestro, pero con mayores y mejores condiciones de inversión para activar un evidente desarrollo de orden industrial minero.

Hay que asumir medidas de urgencia, disponiendo cuanto antes en el esquema gubernamental el trabajo de una comisión interministerial que diseñe, elabore, apruebe y aplique un conjunto de normas a favor del desarrollo minero nacional, comenzando por incentivar y garantizar inversiones, nacionales y/o extranjeras que estén interesadas en el despegue de nuevos proyectos mineros, asesorados técnicamente y sólidamente respaldados financieramente.

Entre ese conjunto de disposiciones las más importantes serán las que garanticen inversiones, a través de adecuada seguridad jurídica, posibilidades de abierta inversión económica, una clara cooperación gubernamental a las inversiones oficiales y privadas, garantizada seguridad jurídica , estabilidad social, razonables impuestos y el respeto de partes a las normas establecidas para impulsar una renovada política minera, que puede despegar justamente en este periodo especial, para asumir la responsabilidad de reponer a Bolivia su condición de país minero y ampliarla hacia su condición metalúrgica, como el paso más seguro de sostener una economía estable y progresiva.

Fuente: Medios.