La fallida reforma judicial

Ya fueron tres los intentos por reformar la justicia boliviana, luego que el ministro del área, al asumir el cargo prometiera modificaciones al sistema judicial, que se intentaron retomar cuando organismos internacionales hicieron observaciones, acerca del modo de ministrar justicia.

En la actualidad son unas cinco entidades internacionales que observaron la falta de independencia de la justicia, ya que la misma tiene mucha injerencia político partidaria, sobre todo de parte del Gobierno de turno. Muchos opositores calificaron esto como una persecución política, puesto que muchas personas, que estuvieron presentes en los hechos que derivaron en violencia están presos, pero ninguno de ellos milita en el partido que gobierna a Bolivia, pues sus seguidores fueron sobreseídos y algunos hasta ocupan cargos de importancia en la administración pública.

Según el Comité de las Naciones Unidas contra la Tortura, CAT, la falta de autonomía e independencia del Poder Judicial y del Ministerio Público fue “evidenciado en procesos por sedición y terrorismo contra opositores políticos”.

Luego de ese informe, se recomendó, “llevar a cabo una reforma urgente del sistema de justicia a fin de garantizar su independencia y el respeto al debido proceso; adoptando una ley sobre la carrera judicial que garantice la estabilidad profesional, y revisando el proceso de selección, evaluación y remoción de juezas, jueces y fiscales, conforme a criterios públicos y objetivos, basados en el mérito”.

Sin embargo, y no sólo pasa en la justicia, los méritos no cuentan para que las personas ocupen un lugar preponderante en la administración pública, se premia el activismo sindical y partidario, por eso es que esos servidores públicos no saben cómo ejercer el cargo para el que son elegidos y cometen muchos errores, por lo mismo que siguen recetas e instrucciones de la cúpula de su tienda política.

Siendo así, ¿será posible una reforma judicial que beneficie a todos?, ya que vimos que las leyes de reciente creación dejaron de tener carácter universal y se acomodan para beneficiar a unos cuantos y perjudicar a quienes son sus enemigos.

Entre algunas observaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, GIEI de la CIDH, se determinó que “el funcionamiento del sistema de justicia permitió notar que magistrados, magistradas y fiscales están expuestos a presiones e injerencias externas en el ejercicio de sus funciones, en particular de sectores políticos”.

“No es posible que se imputen cargos tan serios como el de terrorismo sin aportar las pruebas más básicas (…), todo esto demuestra que se sigue una práctica muy nociva, contraria al Estado de Derecho, que es utilizar al aparato judicial, es decir a los jueces y al Ministerio Público, para vendettas de tipo político”, se observó desde el comité de Defensa de los Derechos Humanos.

Sólo falta saber qué tipo de reforma se busca para la justicia boliviana y si realmente se avanzará en ese tema que quedó empantanado tres veces por diferentes motivos, y que Bolivia goce de la justicia, pues como sentencia una famosa frase, “con la misma vara con que midas serás medido”.