Poder absoluto en la justicia

Desde que asumió el cargo, el ministro de Justicia, Iván Lima, prometió una reforma a la justicia, ya que la misma hasta hoy en día es muy cuestionada, principalmente por los opositores y de manera reciente por el Comité contra la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, que urgió a Bolivia “realizar una reforma judicial por la falta de independencia de este órgano”.

Según el senador opositor, Rodrigo Paz, el Gobierno busca tener “poder absoluto” sobre la justicia, y añadió que “Esto viola, desde ya, el principio básico de la separación de poderes que es la base fundamental del estado de derecho democrático. Es, en los hechos, un nuevo golpe a la democracia boliviana, además de una violación irresponsable a la Constitución Política del Estado, CPE”.

El proyecto de ley del Gobierno le quita esta potestad al Tribunal Supremo de Justicia para que sea la Asamblea Legislativa, controlada por el MAS, la que designe con dos tercios a esas autoridades.

La observación de la oposición va en sentido de que si bien se propuso una reforma judicial, se hizo esa sugerencia con la intención de que se cumpla el mandato de la CPE que propugna la separación de los poderes y la independencia del poder judicial de los otros dos, además en respuesta a la sugerencia del Comité contra la Tortura, CAT, de la ONU.

Cuando se definió que los magistrados sean elegidos por el voto mayoritario de la población, ya se tuvo una especie de ensayo de lo que podría pasar de aprobarse el proyecto de ley 212, pues fue el Gobierno que seleccionó primero a los postulantes, y aunque ganó el voto nulo se impuso a los jueces y magistrados que tenían los porcentajes más altos entre los perdidosos.

Ahora, la oposición observa que el Presidente Luis Arce, será quien imponga a esas autoridades y los asambleístas las ratificarán con su “rodillo” en el Parlamento, por lo que es posible que se pierda la independencia del poder judicial que tanto se busca.

Ahora, el CAT emitió un informe en el que se observa “la falta de independencia y autonomía del Poder Judicial y del Ministerio Público” en Bolivia y en el inciso c del mismo, recomienda: “Llevar a cabo una reforma urgente del sistema de justicia a fin de garantizar su independencia y el respeto al debido proceso, en particular, adoptando una ley sobre la carrera judicial que garantice la estabilidad profesional, y revisando el proceso de selección, evaluación y remoción de juezas, jueces y fiscales, conforme a criterios públicos y objetivos, basados en el mérito”.