Despenalización de drogas en América: ¿solución o retroceso?

La promovida despenalización de las drogas como estrategia para combatir al narcotráfico en el continente americano alienta la controversia y divide a quienes ven en ello una solución o un retroceso.

Esa propuesta, esgrimida desde inicios de 2012 por el presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, se presenta como una alternativa a la fracasada política antidrogas que practica hace más de 40 años Estados Unidos.

Según Pérez Molina, mientras haya mercado negro "y los dólares y las armas sigan viniendo de territorio estadounidense (principal consumidor de drogas a nivel mundial) esta guerra es imposible de ganar".

El gobernante pretendía alcanzar una postura consensuada del Sistema de Integración Centroamericana (SICA) de cara a la VI Cumbre de las Américas celebrada en Cartagena de Indias, Colombia, el 14 y 15 de abril.

Sin embargo, el SICA -que integran Belice, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana- no logró consenso en cuanto a la despenalización.

El combate a ese flagelo no era parte de la agenda del foro de jefes de Estado y Gobierno que se dieron cita en Cartagena de Indias; sin embargo, logró acaparar la atención del plenario durante una sesión.

Aunque las posiciones de los mandatarios fueron en general encontradas, todos coincidieron en que la actual estrategia continental antidrogas es ineficaz y se impone repensar el asunto y buscar alternativas.

Curiosamente, ese fue el único consenso alcanzado en la reunión que terminó sin una declaración final por desacuerdos sobre la inclusión de Cuba en el foro y el rechazo a debatir el reclamo de la soberanía de Argentina sobre las islas Malvinas.

Los gobernantes convinieron en estudiar estrategias y "explorar nuevos enfoques para fortalecer esta lucha (al narcotráfico) y para ser más efectivos", afirmó en la clausura el presidente colombiano, Juan Manuel Santos.

El anfitrión de la cumbre comentó que los líderes de las Américas dieron un paso histórico al tomar esa decisión que consideró dar el mandato a la Organización de Estados Americanos para que lleve a cabo el proceso.

Al referirse al tráfico de narcóticos que tiene lugar hoy en el continente, Santos advirtió que "a pesar de los inmensos esfuerzos y de los inmensos costos, sigue siendo un negocio pujante".

La palidez de los programas implementados bajo supervisión de Estados Unidos, en muchos países latinoamericanos sustituidos por alternativas propias, se refleja en el incremento de la inseguridad y el creciente consumo de drogas.

El presidente de Estados Unidos, Barack Obama dijo estar a favor de la búsqueda de alternativas que consideren, además del tráfico, la demanda estadounidense y el flujo de dinero y armas hacia el sur.

"No podemos ver el tema de la oferta sin considerar el tema de la demanda de los Estados Unidos", aseveró Obama en la clausura de la Cumbre Empresarial de las Américas que sesionó también en Cartagena.

Pero si bien el gobernante norteamericano estuvo de acuerdo en debatirlo, aclaró que "personalmente, mi posición y la de mi administración es que la legalización no es la respuesta".

Obama insistió en que está contra la legalización, aunque admitió la necesidad de "dar más pasos y ser más creativos" y debatir "si las leyes actuales están haciendo más daño que bien en algunos lugares".

Dos días después de la cumbre el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos (IISS) difundió un informe en el que considera a la guerra contra las drogas una "amenaza para la seguridad internacional".

El documento del IISS denominado "Drogas, inseguridad y Estados fallidos: los problemas de la prohibición" demanda la búsqueda de alternativas a las políticas actuales.

Según el texto, la prohibición de las últimas cuatro décadas no impidió la producción, el tráfico y el consumo, sino que, por el contrario, incrementó la violencia y la inestabilidad en todo el mundo.

El informe aboga por un "debate mundial urgente" para estudiar posibles alternativas al régimen de prohibición actual, incluidas la legalización y la despenalización como enfoques probables.

Nigel Inkster, director de Amenazas Transnacionales y Riesgos Políticos en el IISS, alertó que los países en desarrollo son los que se han llevado la "peor parte" de la guerra al narcotráfico.

Aunque reconoció que la tarea será difícil, el experto insistió en que los Estados consumidores deben "asumir una mayor responsabilidad" y proveer asistencia a las naciones afectadas por la violencia.

¿A FAVOR... EN CONTRA?

El combate al narcotráfico enfocado por Estados Unidos desde inicios de la década de los 70 del pasado siglo está orientado a frenar la producción, comercio y consumo de sustancias psicoactivas prohibidas.

Los defensores de esa iniciativa condenan las redes de delincuencia y corrupción existentes en torno al fenómeno, así como los daños que ocasiona el consumo a la salud física y psíquica.

Para los detractores, esa guerra sólo pretende defender intereses geopolíticos sobre la base de la injerencia en los asuntos internos de los países del área y la irrupción en la vida privada de sus ciudadanos.

Los que se oponen a la cruzada antidrogas lanzada por la Casa Blanca sostienen que los problemas relacionados con el narcotráfico y el consumo son resultado de la propia prohibición.

Quienes apoyan la legalización defienden el respeto al derecho que cada persona tiene de elegir y consideran que redundaría en la erradicación de las mafias relacionadas con el narcotráfico.

Los partidarios van desde los que aúpan la regularización total, que entraña la eliminación de todas las formas de control gubernamental, hasta los que creen posible formas de legitimación regulada.

En opinión de los promotores de la despenalización, esa es una vía de disminuir las ganancias del narcotráfico que daría al traste con el fin de la violencia que genera.

(*) Periodista de la Redacción América del Sur de Prensa Latina