¿Bolivia un estado federal?

Inicio esta columna con la interrogante ¿Bolivia un estado federal? a propósito de anuncios de diferentes personajes políticos de incentivar y promover un posible cambio del sistema de gobierno de Unitario a Federal.

Por la importancia, es trascendental entender el significado del federalismo que es un “sistema político que consiste en promover, desde el Estado central, la autonomía de los estados, provincias o regiones, que en conjunto forman una nación”. Busca, desde la autonomía de las entidades territoriales, establecer acuerdos de unión o alianzas que permitan responder y dar soluciones más asertivas y rápidas a los problemas que afectan a la sociedad.

Estos actos, movimientos o pronunciamientos surgen como consecuencia de la reducción de dinero a las gobernaciones, municipios y universidades de parte del Estado, por conceptos de coparticipación económica por regalías, impuestos, la renta hidrocarburífera que otorga el Estado, que se incrementó al 50% de la producción, compuesta por la regalía ya existente de 18% y un 32% adicional correspondiente al nuevo Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH). De acurdo a la Ley de Hidrocarburos 3058, del 17 de mayo de 2005 los recursos sufrieron una drástica disminución y con esto la paralización de muchas obras en ejecución, así como la reducción y despido de personal en las diferentes direcciones, sobretodo en el área médica que es el más afectado, lo que ocasiona que algunas especialidades no funcionen o sean cerradas temporalmente con el consiguiente perjuicio para la población.

Sensiblemente los problemas estructurales que afectan al desarrollo de nuestro país están concentrados alrededor de la exclusión social y la exclusión territorial. La primera marcada por el distanciamiento de las grandes mayorías poblacionales de las decisiones sobre su propio desarrollo y, la segunda, por el fuerte centralismo que aleja al Estado de las necesidades de la población.

La resolución de estos problemas estructurales fue una demanda constante de la sociedad civil; sin embargo, el sistema de partidos políticos no tuvo la capacidad para recoger el sentimiento poblacional, ahondando cada vez más las diferencias y, con ello, el descontento y la conflictividad social, hasta derivar en una crisis política y social que exige una solución radical, que tiene que ver con el Pacto Fiscal, que es el proceso de concertación e implementación de acuerdos entre el Nivel Central del Estado y las Entidades Territoriales Autónomas, con participación social de ciudadanas y ciudadanos para el buen uso de los recursos públicos, con el fin de hacer efectivo el “Vivir Bien” conforme a los principios, garantías, derechos y obligaciones establecidas en la CPE.

En este contexto, el país no está preparado para sufrir un cambio de sistema en razón que supone la modificación de la Constitución Política del Estado mediante referéndum y elección de constituyentes como establece al Art. 411 de la CPE.