Ganó Bolivia

Muchas veces es mejor poner la paz sobre la razón y no siempre tener la razón es ganar. Después de la abrogación de la Ley 1386, de Estrategia Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento del Terrorismo, los sectores movilizados y opositores señalaron que fue una victoria contra el Gobierno, y para los ministros se trató de una victoria de Bolivia.

En realidad, ganó Bolivia y sus ciudadanos, ya que la ley, por cómo fue redactada y por la interpretación que podrían darle los administradores de la justicia, podía afectar a muchas personas inocentes, que a simple sospecha o denuncia podían perder el patrimonio trabajado durante toda su vida.

El Presidente Luis Arce Catacora, aconsejado por asesores o por iniciativa propia tomó una sabia decisión al abrogar una ley que, según denuncias, sería idéntica a la que llevó a Venezuela al colapso económico. Bolivia tiene otra vocación y no se le pueden imponer leyes prestadas, porque inevitablemente se provocará el rechazo de una población que no se queda callada ante las normas que considera impopulares.

Según autoridades del Gobierno, éste es un mandato que escucha al pueblo, y así como se atendió al clamor de los bolivianos, deben aprender a recurrir a expertos, estén alineados al partido que gobierna el país o no, para analizar y redactar las leyes, de manera que persigan a los verdaderos delincuentes, pero que sean puestos ante la justicia con pruebas, no sólo con denuncias vacías, porque la acusación debe ser contundente.

Los bolivianos están de acuerdo en que se tiene que llevar ante la justicia a quienes dañan al país, pero la ley no debe servir para vengarse de enemigos políticos u opositores, sino para poner tras las rejas a los verdaderos enemigos de Bolivia y su gente.

Por otra parte, los políticos deben dejar a los juristas que hagan su trabajo, asimismo debe ser con fiscales y jueces, nadie debe usar influencias de poder político o económico para beneficiarse personalmente y perjudicar a terceros que no comulgan con sus ideas.

El Gobierno tampoco debe tener injerencia en la justicia, puesto que ésta quedó demasiado desprestigiada por mostrar parcialidad hacia una versión, la oficialista, de los hechos de 2019, sin demostrar con pruebas que eso sea así, y desechar las otras versiones que en muchos casos sí presentó pruebas.

Los pasos a seguir después de la abrogación de la Ley 1386, es reunir a un grupo de expertos y a los sectores que pueden verse afectados, para analizar, dialogar, consensuar y redactar una ley sabia, que sancione los hechos delictivos que pongan en peligro la integridad de la Patria y brinde seguridad a quienes trabajan de buena fe por el bien del país.