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Viernes 12 de noviembre de 2021

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Oruro - Regional

Piden abrogación

Empresarios le dicen no a la Ley 1386

12 nov 2021

Fuente: LA PATRIA

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La Federación de Empresarios Privados de Oruro (FEPO) le dice no a la Ley 1386 de Estrategia Nacional de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento al Terrorismo, porque atenta al crecimiento económico y al fomento de la creación de industrias. Las cámaras afiliadas piden la anulación de la polémica normativa.

Ayer, el este sector hizo conocer su rechazo a esa y otras normativas. Los empresarios piden diálogo y anuncian movilizaciones si no se atiende su petición.

“No queremos maltratos, queremos la pacificación, pero si el Gobierno realmente nos entiende, queremos que abrogue esa ley y casi estaremos conformes. Él está con el argumento de la derecha y que la gente pobre no va a sufrir, pero estas leyes van en contra de los bolivianos”, manifestó la presidente de la FEPO, Elvira Valdez.

HOTELEROS

Otro de los sectores que está en contra de la norma, es la Cámara de Hoteleros de Oruro, que pide la anulación de todo el conjunto de leyes que fueron cuestionadas.

“A través de todo el sector hotelero y todas las cámaras, pedimos la abrogación de la Ley 1386, que es fundamental para la paz y bienestar. También pedimos la anulación de la 342 y las otras normativas. La hotelería necesita una colaboración del Gobierno para dar más empleo”, destacó el presidente de la Cámara de Hoteleros, Fernando Rodríguez.

Las cámaras afiliadas a la FEPO, firmaron el pronunciamiento que demanda la anulación de la Ley 1386 y otras normativas. Los empresarios aseguran que no fueron socializadas ni consensuadas para la aprobación, entre tanto, ellos la rechazan y argumentan la vulneración de derechos constitucionales.

GOBIERNO

Los últimos días estuvieron marcados por los conflictos sociales en el país, principalmente en Santa Cruz y Potosí, entre personas que están en contra de la normativa y otros sectores que buscan desbloquear a los manifestantes.

A pesar de las posiciones, el Gobierno mantiene la postura de que la normativa no afectará a sectores sociales, gremiales, ni transportistas. Entre tanto hay sectores movilizados que piden la anulación.

Fuente: LA PATRIA
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