El aumento de salarios es un problema de todos los años para el gobierno de turno y una expectativa de mejor vida para la mayoría de ciudadanos que sin embargo no alcanzan objetivos deseados porque resulta muy difícil lograr un deseado equilibrio entre los costos de una canasta familiar vigente y la opción de incrementar salarios, casi siempre en función de la inflación reinante.
Es parte de una política que se maneja en cualquier economía nacional, sólo que en algunas circunstancias especiales con logros muy favorables para los miles de trabajadores debido al ascenso de las utilidades que alcanzan algunos países de economías saneadas o mejor, de ingresos asegurados, gracias a sus planes productivos siempre en ascenso y debidamente incentivados.
En las recientes negociaciones que se cumplen entre autoridades de Gobierno y representantes de organismos laborales, el caso de la COB o directamente de los maestros, se han manejado algunos porcentajes que según empresarios privados, que son los empleadores del mayor número de trabajadores, no se ajustan a la realidad del comportamiento financiero de las empresas por tanto la aplicación de incrementos podría ocasionar un verdadero colapso de las empresas nacionales.
Ya días atrás el Primer Mandatario anticipó la creación de un salario mínimo vital para los empleados públicos, consistente en dos mil bolivianos y cuya aplicación favorecerá de manera directa a los funcionarios ministeriales en una escala de ítems de abajo hacia arriba, lo que significa que los ejecutivos no tendrán aumento alguno.
En las negociaciones con la COB el Ejecutivo ofertó un aumento entre el 15 y el 18 % en el salario mínimo nacional, cuya aplicabilidad significaría elevar el mínimo vital actual de 815 a 962 bolivianos, aparte que se mantiene el sistema de aumento salarial por encima de la inflación registrada el pasado año que fue del 6.9 % y que es base para el tratamiento del salario de la presente gestión.
Algunos sectores laborales presionan arreglos directos, como el sector docente o más o menos por la misma vía desde la COB, sin tomar en cuenta que el sector más vulnerable en el caso de salarios resulta el empresariado que debe sortear innumerables problemas para compensar sus costos de producción, la desleal competencia del contrabando y por el otro lado el cumplimiento total de las normativas impositivas y tributarias que hacen menos rentable sus actividades a los que se añadiría ahora un incremento salarial absolutamente irreal y peligrosamente atentatorio contra su continuidad productiva.
Los empresarios demandan la posibilidad de negociar directamente el aumento al salario mínimo o la masa salarial en condiciones reales y de acuerdo a las posibilidades de cada una de las unidades productivas, pero además en nivel económico que corresponde a cada región del país, que tienen diferencias muy marcadas en función de su desenvolvimiento local.
La política salarial no debería complicar a ningún sector, por supuesto tomando en cuenta el oficial donde se manejan los dineros del pueblo que deben ser bien utilizados y racionalmente gastados, pues se trata de cuidar las finanzas para que los recursos económicos sirvan al desarrollo nacional. En el caso del sector privado, en realidad se trata de preservar miles de fuentes de empleo que podrían reducirse dramáticamente, si una errónea disposición salarial impone incrementos irrealizables en su cumplimiento.
Fuente: La Patria
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