Nicaragua: Ortega busca cuarto mandato con opositores presos

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Las posibilidades del presidente nicaragüense Daniel Ortega de reelegirse el 7 de noviembre para un cuarto mandato consecutivo parecían buenas desde mayo. Su partido había acomodado el calendario electoral a su favor y la oposición estaba dividida. Entonces se publicaron los resultados de una encuesta de CID-Gallup que mostró a cinco posibles candidatos de la oposición con índices de respaldo superiores a los de Ortega y en las semanas siguientes los cinco fueron arrestados, además, de otros dos posibles contendientes.

“Ante ese temor, Ortega decidió suprimir cualquier posibilidad de perder”, dijo a The Associated Press el analista político Oscar René Vargas. “Y eso significó arrestar a todos”.

A tres días de los comicios del próximo domingo, los siete candidatos potenciales de la oposición siguen encarcelados o bajo arresto domiciliario, sus partidos están prohibidos y Ortega competirá con seis rivales casi desconocidos postulados por un puñado de pequeños partidos colaboracionistas conocidos popularmente como “zancudos”.

“No hay elecciones. Así que el uso de la palabra elección está incluso en cuestión, porque la amplia oposición ha sido encarcelada o, en el caso de Cristiana Chamorro, está en arresto domiciliario desde el 2 de junio”, dijo a la AP Jennie Lincoln, asesora principal del Centro Carter sobre iniciativas de paz en América Latina y el Caribe.

Lincoln, que ha trabajado como observadora electoral en toda la región, cuestionó la validez del proceso debido a la falta de participación real de la oposición y los llamados a los votantes a quedarse en casa el día de los comicios. “Eso no es nada que se acerque a los estándares internacionales de unas elecciones, y punto.”

En Nicaragua, las escenas de campañas bulliciosas están ausentes. El gobierno ha prohibido los mítines masivos de campaña bajo restricciones pandémicas. No hay anuncios políticos en la televisión. Inclusó en las calles, las evidencias de las próximas elecciones se limitan a algunas pequeñas pancartas sobre las avenidas y afiches de los candidatos en papeles tamaño carta pegados en los postes de luz.

Ortega, un excomandante sandinista próximo a cumplir 76 años, y su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo apenas han aparecido unas pocas veces durante la campaña.

Además, de la contienda presidencial, el país elige 90 diputados de la Asamblea Nacional (Congreso unicameral) y 20 representantes al Parlamento Centroamericano.

El miércoles, Michael Campbell, un funcionario nicaragüense, hizo una defensa a ultranza de los comicios en una reunión virtual de la OEA. Llamó “golpistas” a los gobiernos críticos del proceso electoral y los acusó de querer derrocar a Ortega y de “alimentar el terrorismo como fórmula para desestabilizar la soberanía nacional”.

La economía de Nicaragua sigue en problemas y el país fue uno de los últimos en recibir las vacunas contra COVID en la región. Durante gran parte de la pandemia, el gobierno minimizó la amenaza y siguió promoviendo concentraciones masivas. En los hospitales se prohibió al personal de salud usar mascarillas, y los nicaragüenses fueron testigos de “entierros exprés” realizados a medianoche, en un intento gubernamental por evitar el pánico.

Hoy, muchos nicaragüenses ven poco sentido a acudir a las urnas, pero expresan su temor a no hacerlo. El gobierno anunció que movilizará a unos 30.000 miembros del Ejército y de la policía para proteger la votación.

Ana Castillo, una exfuncionaria pública que ahora es dueña de una pequeña finca de café al sur de Managua, había decididó no votar, pero los activistas del Frente Sandinista en la zona han estado yendo de puerta en puerta diciéndole a la gente que los estarán esperando en el centro de votación. “Dicen que tomarán represalias el lunes contra los que no tengan el pulgar manchado”, dijo a la AP, refiriéndose a la tinta indeleble que se estampa en el dedo del votante para evitar el doble sufragio.

A pesar de la represión, Ortega mantiene cierto “voto duro” entre sus bases. Todavía hay quienes ven beneficios en el gobierno y recuerdan sus raíces revolucionarias. A ellos se dirige Ortega cuando alega que las masivas protestas de abril de 2018 fueron parte de un “intento de golpe de Estado” apoyado por Estados Unidos. Al menos 328 personas murieron cuando las protestas fueron reprimidas violentamente y más de 100.000 nicaragüenses están refugiados o exiliados.

Tiziano Breda, analista para América Central de International Crisis Group, señaló que los candidatos que competirán contra Ortega “son muy poco conocidos en el país y fueron postulados por partidos ampliamente percibidos como colaboradores del gobierno”.

El reverendo Edwin Román, sacerdote de la Iglesia de San Miguel en Masaya, una ciudad vecina a Managua que fue sede de una feroz resistencia popular en 2018, dijo que Ortega se enfrentará a “un grupo de tristes candidatos que no representan a la oposición.”

El grupo Urnas Abiertas, formado por críticos del gobierno, pidió esta semana que se declaren ilegítimas las elecciones y exigió que se celebren unas nuevas sin presos políticos y con observadores internacionales creíbles.

Para Josep Borrel, Alto Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, las elecciones en Nicaragua son “un fake”. En un encuentro con periodistas en Lima, Perú, el pasado martes, Borrel dijo: “Más me preocupa Nicaragua, que hay elecciones que son completamente un fake. Allí no vamos a mandar ninguna misión de observación electoral porque el señor Ortega ya se encargó de encarcelar a todos los opositores políticos que se presentaban a las elecciones. No podemos esperar que este procesó arroje un resultado legítimo que podamos considerar, sino todo lo contrario”.

Fuente: MANAGUA (AP)