Viernes 05 de noviembre de 2021

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Pueden atribuirse varias consideraciones al retiro de capitales externos que mantienen aún la vigencia de la empresa minera San Cristóbal en el distrito de Potosí, funcionando con tales capitales, inicialmente de la norteamericana Apex Silver Mines Ltda y más adelante por cambios estructurales en el ámbito de las finanzas, aparece la japonesa Sumitomo, hablándose en términos económicos de la inversión general valuada en 1.800 millones de dólares.
La incursión de capital externo pese a las condiciones legales poco propicias en nuestro medio sirvió para el desarrollo de un “gigante proyecto minero” ubicado en el yacimiento potosino de San Cristóbal, confirmando la condición de distrito estrictamente minero, favorecido con un importante porcentaje de las regalías mineras provenientes de la exportación de toneladas de mineral, hecho de alto beneficio para ese departamento en cuya ciudad capital se encuentra también el emblemático “Cerro Rico”, elemento histórico que marca la importancia de nuestro escudo nacional y por cuya circunstancia debe ser protegido frente a una devastadora actividad de propios mineros potosinos.
Pero el caso se da más bien en el hecho de una determinación “oficial” que coloca al Estado boliviano como “salvaguarda” de la inversión y el desarrollo de la actividad minera, con fines de alto rendimiento dadas las características del yacimiento y el trabajo de una empresa especializada en la materia, que tal como se esperaba, instaló un complejo minero de modernas características con la seguridad de recuperar buenas utilidades, un porcentaje de las mismas destinadas como regalías para el distrito que atesora el Cerro Rico.