Denuncian a magistrado del Tribunal Supremo de Justicia por Oruro

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El Comité del Ministerio Público y Defensa Legal del Estado recibió una denuncia de Alfonso U.L. en contra del magistrado del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) por Oruro, Marco Ernesto Jaimes Molina, por los presuntos delitos de nombramientos ilegales y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes.

“Tiene una denuncia radicada en esta instancia legal, por emitir resoluciones contrarias a la ley y la norma. Por otro lado, por incluir en la administración de justicia a un coordinador como es el caso del doctor Ángel I. en un cargo que no está contemplado dentro de las funciones del poder judicial en el departamento de Oruro”, sostuvo un abogado quien pidió mantener en reserva su identidad.

Respecto al presunto delito de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, el profesional declaró que el magistrado, falló a favor del expresidente de Bolivia, Gonzalo Sánchez de Lozada, en relación a una demanda penal por la capitalización de Empresa Nacional de Ferrocarriles del Estado (ENFE).

Asimismo, enfatizó que el cargo como coordinador asumido por el abogado Ángel I. es “inventado”.

CONTRAPARTE

Por su parte, el magistrado del TSJ Marco Jaimes, señaló que ambas denuncias deberían haber sido separadas ya que son “absolutamente ajenas entre sí” y pidió informes a la Comisión sobre la identidad del denunciante de Alfonso U.L. ya que “no tiene personería, menos interés legítimo en el asunto y debió ratificar la denuncia ante la comisión y no lo hizo”, sostuvo.

En esa misma línea, detalló que el cargo de coordinador asignado a Ángel I. se debe a criterios que coadyuven en la coordinación de trabajos con autoridades del Órgano Judicial en el departamento.

Y con relación a la denuncia por resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, puntualizó que el proceso de la demanda de ENFE, está en puertas del inicio de juicio oral en el TSJ.

Aseveró que la denuncia se debe a raíz de que uno de los coimputados en el proceso, presentó una solicitud de extinción de la acción penal por prescripción ya que el caso data de 1996. Una Sala Penal del TSJ rechazó la excepción que fue apelada. La causa recayó en la Sala Civil donde está el magistrado Jaimes, junto a una autoridad de La Paz, y ambos la rechazaron.

Seguidamente, el coimputado planteó un amparo constitucional en un tribunal de Chuquisaca que se ve obligada a concederle la tutela al existir jurisprudencia.

Por lo que, el magistrado por Oruro y La Paz, dictaron un Auto Supremo, dando cumplimiento al amparo constitucional ya que, si no se cumplía, la parte interesada podría plantear una queja e iniciar un proceso por incumplimiento de resolución del amparo constitucional contra ambos magistrados.

AUDIENCIA

El Comité del Ministerio Público y Defensa Legal del Estado celebró una audiencia el pasado 25 de octubre, para que el magistrado Jaimes brinde su declaración oral con relación a los delitos por los que fue denunciado.

Se espera que, en los siguientes días, el Comité emita algún criterio respecto al caso y sobre la solicitud de los informes que pidió el magistrado.

Fuente: LA PATRIA