¿Pará qué negar un fraude electoral?

Militantes y autoridades del Movimiento Al Socialismo, MAS, realizaron ocho intentos para negar el fraude electoral de 2019, desmintiendo incluso a la Organización de los Estados Americanos, OEA, que a encargo del expresidente Evo Morales realizó una auditoría a dichos comicios, detectando “irregularidades y manipulaciones”.

En cualquier palestra las autoridades del Gobierno central hablan de su versión de un golpe de Estado, y niegan la referencia contraria de que hubo un fraude electoral. Ya pasaron dos años de ese fallido intento de elecciones presidenciales y es un año de gobierno en que se intenta no sólo negar el fraude, sino borrarlo por completo de la memoria de los bolivianos.

El primer intento fue el 9 de noviembre de 2020, cuando Morales llegó al país, luego de un año de exilio, entonces expresó que el 55 por ciento con el que fue elegido Luis Arce era una muestra de que no hubo fraude y que la voluntad del pueblo era elegir a su partido.

El cuarto fue el 3 de agosto, cuando César Navarro, ex ministro de Minería, presentó su libro El fraude de la OEA y el golpe de Estado en Bolivia. El quinto intento fue la declaración del 10 de agosto del secretario de la Fiscalía General del Estado, Edwin Quispe, quien sostuvo que la auditoría de la OEA no es vinculante, y negó el fraude.

El sexto intento ocurrió el 25 de agosto, cuando el embajador ante la OEA, Héctor Arce, junto a los ministros de Justicia, Iván Lima, y de Relaciones Exteriores, Rogelio Mayta, estuvieron frente al Consejo Permanente e indicaron, entre otros detalles, que Almagro incumplió el acuerdo de auditoría de 2019.

El séptimo ocurrió el 28 de agosto, cuando se conoció que la Contraloría emitió un informe a la Procuraduría, mediante el cual desconoce la auditoría de la OEA, porque supuestamente no se realizó una auditoría, no se utilizó ningún parámetro de auditoría nacional, no se efectuó una revisión de todas las actas, y que se enfocó más en el TREP.

El último y octavo intento fue entre el 11 y el 15 de octubre, cuando la Procuraduría General del Estado encaminó una revisión de las actas de las fallidas elecciones de 2019. Al finalizar el recuento, el procurador concluyó que no hubo fraude electoral. Actividad que fue criticada por la oposición por no ser atribución de la Procuraduría la función electoral.

Luego de tantos intentos por borrar o negar el fraude electoral de 2019, la pregunta queda en el aire, ¿para qué se quiere negar ese fraude y hacer que prevalezca la versión de un golpe de Estado?, ¿qué ganarán con eso? ¿qué quieren lograr?, ¿desean devolver el poder a Morales o más bien castigar a Jeanine Áñez, por aceptar la presidencia de un país que estaba convulsionado y sin autoridades?