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Viernes 22 de octubre de 2021

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Viernes 22 de octubre de 2021
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Firmaron contrato el 2018
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Retoman pedido de abrogación de ley departamental 176
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Ante falta de atención del Gobierno comerciantes se movilizaron contra Ley 1386
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Editorial
La satanizada Ley 1386
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DESDE LA TIERRA
SUELDAZOS PARA LOS NO BOLIVIANOS
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En el primer día
Protestas por la Ley 1386 no afectaron actividades comerciales, ni de transporte
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Bolivia
Jueces en estado de emergencia tras la aprehensión de su colega Lima
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Editorial y opiniones

Editorial

La satanizada Ley 1386

22 oct 2021

Muchas leyes que causaron polémica en el país, lo hicieron por la ambigüedad con que fueron redactadas, porque no tienen carácter universal y son aplicables a algunas personas, pero no a todas, según el color político

Los sectores movilizados la llaman la “ley maldita” porque afectaría a sus sectores por algunas consideraciones y no porque se asuman delincuentes, pues la 1386 está destinada a luchar contra la Legitimación de Bienes y Ganancias Ilícitas y Financiamiento al Terrorismo, sino por como está redactada ellos ven una intención oculta.

Para el Gobierno es un asunto cerrado, la Ley está promulgada y sólo queda centrarse en su reglamentación. Mientras tanto los sectores movilizados quedaron en un cuarto intermedio hasta el lunes 25 de octubre, cuando decidirán qué otras acciones asumirán para exigir la abrogación de la norma.

Las observaciones que llevaron a gremiales, transportistas, civiles y otros, a manifestarse contra la Ley 1386, van en sentido de que se investigará de oficio y a la simple sospecha, a ciudadanos, se va a empezar a cazar e investigar “a quien le dé la gana”, sin requerimiento fiscal, según los legisladores opositores, quienes alertaron sobre algunas cuestiones ignoradas por el oficialismo.

También se identificaron definiciones ambiguas como la siguiente: “Elaborar una propuesta normativa para facultar a la UIF recabar información de entidades públicas y privadas, estableciendo la obligación para éstas de cumplir con dicho requerimiento en los plazos a establecerse, así como las sanciones aplicables”.

Otra de las observaciones apunta a las competencias ampliadas que se le atribuyen a la Unidad de Investigaciones Financieras, UIF. Los opositores consideran que se utilizará esta ley para perseguirlos y expropiarles sus bienes, además de congelar sus cuentas, como ocurrió en Venezuela.

Pero los gremiales y transportistas también se sienten afectados porque en uno de los anexos se “cita como una vulnerabilidad la prevalencia de las condiciones de informalidad en la economía, lo que permite a las organizaciones criminales la posibilidad de abrir negocios y usarlos para ingresar los recursos de su actividad criminal a la economía”, siendo el 80 por ciento de la actividad económica del país perteneciente a la informalidad.

También se habla de la autorización de escuchas telefónicas, agentes encubiertos y otras medidas para atrapar a los infractores en flagrancia. El detalle es que se violaría la privacidad e intimidad de las personas.

Por otra parte, existe la susceptibilidad de que se planten “pruebas” contra personas que molesten a los gobernantes, pues se tiene la experiencia de lo que hacían brigadas de personas encubiertas en Impuestos Nacionales, que entraban en los negocios como cualquier cliente y luego de comprar se retiraban sin aceptar que se les extienda su factura para luego permitir que algún compañero, “agente encubierto” entre en acción y clausura el negocio para hacerle pagar la multa al dueño.

Muchas leyes que causaron polémica en el país, lo hicieron por la ambigüedad con que fueron redactadas, porque no tienen carácter universal y son aplicables a algunas personas, pero no a todas, según el color político. Las leyes para que no causen confusiones deben ser claras, concisas, universales y deben ser justas para todos los ciudadanos por igual.

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