Miercoles 20 de octubre de 2021

ver hoy

















No deja de despertar vastas sospechas, las múltiples, como desproporcionadas reacciones del régimen venezolano de Nicolás Maduro, frente a la reciente extradición del ciudadano colombiano Alex Saab, desde Cabo Verde a los EE.UU., bajo la acusación formulada en 2017, por la fiscal general de la República en el exilio Luisa Ortega Díaz, de ser uno de los testaferros de Maduro.
Tachando de un “secuestro” a esa detención y entrega, dichas repercusiones se tradujeron en medidas de represalia, como la aprensión de seis funcionarios estadounidenses de Citgo Petroleum Corporation, por el servicio de inteligencia venezolano, con el mismo impudor que nuestro gobierno nos trata de engrupir con un supuesto magnicidio por parte de súbditos haitianos, que habrían actuado en el atentado contra el presidente de su país y, dirigidos por el exministro de defensa Luis Fernando López, llegaron a Bolivia para asesinar al presidente Luis Arce, quien ya se adelantó en declarar que no tiene miedo.
Con esa misma agilidad imaginativa, sería muy fácil deducir que el reciente plagio
en Haití de 16 misioneros norteamericanos y un canadiense, incluidos algunos niños, hace parte de esas medidas de retaliación madurista. Es más, aplicando la elemental expresión Cui bono, del Derecho Romano, (¿Quién se beneficia?) es lógico colegir que, más que un haitiano, el mayor beneficiario del magnicidio sería un nacional que aspira recuperar la silla presidencial.