Siguen las amenazas de paro

Luego de suspenderse el tratamiento del proyecto de ley 218, sobre ganancias Ilícitas, el ministro de Gobierno señaló que no deberían seguir las protestas, pero los gremialistas siguen amenazando con realizar paros y protestas, la pregunta es ¿por qué se da tal situación?

Los gremialistas además piden la abrogación de la Ley 1386, de Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento del Terrorismo, LGI-FT, porque consideran que atenta contra su sector porque la informalidad en la economía, según la mencionada norma, es la actividad que favorece más al lavado de dinero, porque quien quiere limpiar sus finanzas puede tranquilamente esconderse en una actividad informal.

Los gremialistas están susceptibles porque cualquier persona puede hacerse pasar por un comerciante para tratar de legitimar sus ganancias, y por ese hecho convertirse en una amenaza para su sector.

Los sectores movilizados consideran que el anuncio del retiro del proyecto de Ley 218 no es suficiente, debido a que la ley madre (1386) está vigente, porque ahí está toda su estrategia, entonces las cosas para ellos no han cambiado, pese a la observación del ministro de Gobierno que apunta a que con eso debería bastar para que se abandone cualquier idea de organizar una protesta.

“Conformar una comisión para desarrollar un diagnóstico del sector informal que permita identificar la magnitud de actividades informales y su incidencia de los riesgos de LGI/FT en este sector”, señala parte de un documento del Consejo Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento al terrorismo integrado por los ministerios de Economía, Gobierno, Defensa, Justicia, además de la Procuraduría General del Estado, además de otras instancias.

El problema no es que se esté en contra de una ley que está destinada a luchar contra el delito, lo ilícito y lo ilegal, sino la posible interpretación que se puede dar a partir de la ley, y que un inocente puede pecar por la mala intención de una persona que lo denuncia falsamente.

En una parte de la ley dice que a la simple denuncia el Estado, Fiscalía, Policía, por ejemplo, pueden incautar bienes y congelar las cuentas de los presuntos implicados, dándolos por culpables, hasta que se culminen las investigaciones, pero la norma no establece qué pasará con los bienes anotados y las cuentas congeladas en caso de resultar inocente el acusado.

Detalles como el descrito hacen que la gente desconfíe de la LGI-FT, es más, la ven como una amenaza, ya que alguien con malas intenciones puede denunciar a cualquier persona que sea inocente. Además, en la Constitución Política del Estado, se defiende la presunción de inocencia, y en el caso de la ley 1386 se estaría atentando contra esa condición al anotar bienes y bloquear cuentas sin haber declarado culpables.

Por otra parte, la ley llega luego de las amenazas de afines al Movimiento Al Socialismo, MAS, quienes advirtieron con quitarle su riqueza a los supuestos millonarios para repartirla entre los pobres, es como si mediante la ley quisieran apropiarse de bienes y dinero, en lugar de luchar contra las Ganancias Ilícitas y Financiamiento al Terrorismo.