FEPO y COD coinciden que faltó socializar proyecto de ley antilegitimación

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Las opiniones se polarizaron con relación al proyecto de Ley contra la legitimación de ganancias ilícitas y financiamiento al terrorismo. En Oruro, la polémica propuesta aún es cuestionada por varios sectores y defendida por otras, sin embargo, también coinciden en la falta de socialización.

Desde la Federación de Empresarios Privados de Oruro (FEPO), un reciente análisis cuestionó el contenido, argumentando su desacuerdo por la aparición sorpresiva del proyecto de ley.

“Es tan problemática la Ley porque afecta a todos, para promulgar el Gobierno debería consensuar y no tan abusivamente nos han sorprendido con esta normativa. El país está en emergencia y no se deben sacar leyes así”, manifestó la presidente de la FEPO, Elvira Valdez.

En contraposición, se encuentra la Central Obrera Departamental (COD), cuyos protagonistas niegan perjuicio con el contenido de la propuesta normativa.

POLÉMICAS

Entre los artículos más cuestionados se encuentran el 3, que establece que la norma aplica a todas las instituciones públicas y privadas, alcanza a las personas naturales y jurídicas, nacionales y extranjeras que operen en el país.

El artículo 11 establece que no se podrá invocar secreto profesional, reserva o confidencialidad en materia financiera, de valores, seguros, pensiones, comercial, tributario, económico, notarial, registro civil, derechos reales, profesionales u otro, cuando la UIF requiera información, que será obtenida de manera directa sin necesidad de orden judicial.

El artículo 12, establece que el Ministerio Público, el Ministerio de Justicia y Transparencia institucional, la Procuraduría General del Estado, la Autoridad de Fiscalización del Juego (AJ) y otras entidades facultadas por ley podrán solicitar información a la UIF sobre el análisis financiero/patrimonial.

Tanto la FEPO como la COD coinciden en que falta la socialización, sin embargo, los empresarios privados aseguran que la propuesta podría afectar algunos derechos constitucionales. Los obreros sin embargo, niegan que la normativa llegue a afectar por el respaldo que brindan las organizaciones sociales.

Fuente: LA PATRIA