Miercoles 13 de octubre de 2021
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La idea del presidente Luis Arce de llevar al país hacia el socialismo tuvo esta semana un frenazo en seco.
Asustado por las protestas contra la ley que fue diseñada para anular el derecho a la propiedad privada, decidió anunciar que, con todo disimulo, pero de inmediato, retirará del parlamento el proyecto de esa ley.
El anuncio fue hecho de manera solapada a los dirigentes de los gremialistas, es decir a quienes representan a 75% de las empresas que existen en el país y que mantienen la economía, aunque sean informales.
Si tuviera capacidad de relacionar dos cosas, el presidente tendría que admitir ahora que su idea de seguir hablando del socialismo para Bolivia está equivocada.
O directamente admitir que se equivocó de país cuando hizo esa propuesta. Porque no se puede ni soñar con que, por ejemplo, los bolivianos acepten que el Estado sea propietario de todo, como ocurre en Cuba.
Millones de comerciantes minoristas, de medianas y pequeñas empresas, de cooperativistas, sindicalistas, incluso cocaleros, se pondrían en frente, como ha quedado claro en estos días.
